‘Presidente no puede destituir alcaldes’

Añadió que “para el Gobierno es claro que el presidente de la República no tiene ninguna facultad para destituir por sí y ante sí a ningún alcalde elegido (…) Lo único que puede hacer el presidente de la República es ejecutar la decisión que tome el procurador en relación con el alcalde de Bogotá”.
Con este pronunciamiento, Gómez Méndez puso punto final a la polémica de la semana en torno a la facultad del presidente Santos para decidir sobre el futuro político del alcalde Petro.

De contera, dejó sin asidero una sugerencia del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en el sentido de que el primer mandatario debía definir el futuro del gobernante local y no el jefe del Ministerio Público. Agregó que “se debe reconocer que hay una crisis institucional” y que quien tiene “la llave maestra para solucionarla es el propio presidente Santos”.

El argumento del fiscal no es nuevo. Se basa en el artículo 323 de la Constitución, que reza que “en los casos taxativamente señalados por la ley, el presidente suspenderá o destituirá al alcalde mayor (de Bogotá)”. Varios de los escuderos del alcalde Petro han señalado que esta norma implica que es el primer mandatario el que destituye al alcalde de la capital y no el procurador, posición que quedó desvirtuada anoche por lo dicho por Gómez Méndez.

Lo dicho por el ministro de Justicia coincide con la apreciación dada a este diario por el jefe de la cartera del Interior, Aurelio Iragorri, quien señaló que la independencia de poderes hace “inviable” que sea el primer mandatario y no el procurador el que destituya a Petro.

Desde que se supo de la sanción contra el alcalde, el jefe del ente investigador no ha ahorrado epítetos para criticar a Ordóñez y su modelo de justicia, al que señaló de “medieval e inquisitorial”.

Pero este fin de semana el jefe del ente investigador fue más allá al anunciar una investigación preliminar contra Ordóñez.

La semana pasada, el exsecretario de Gobierno Antonio Navarro Wolff le dijo a El Espectador que “vamos a interponer todos los recursos jurídicos que tengamos a mano para que se aplique el artículo 323. Consideramos que la Constitución Política es clara y debe ser respetada”. El problema es que no hay antecedentes de lo sucedido con Petro —el exalcalde Samuel Moreno fue suspendido por un año— y en todos estos años el Congreso ni se ha referido a este posible choque de competencias.
Hasta este momento, el presidente Santos apenas ha dicho que se reunirá —por separado— con el alcalde, el fiscal y el procurador, “para asegurarnos de que las instituciones prevalezcan”.

Y agregó que “al presidente no se le puede pedir lo imposible” y que el Gobierno espera lo que ocurra con el fallo —que todavía no ha sido confirmado— y que “se respeten los derechos a la legítima defensa y al mismo tiempo se respete la institucionalidad de quien tiene que tomar las decisiones”.
Al conocerse del fallo, las Farc salieron a criticar al procurador y aseguraron que “la decisión del ultramontano procurador es otro grave golpe contra el proceso de paz en La Habana, que afecta la confianza y la credibilidad”. Incluso, Kevin Whitaker, quien muy seguramente va a ser el nuevo embajador de los Estados Unidos en Colombia, dijo que “si personas en Colombia concluyen, basados en esa decisión o en otras, que este espacio no existe (pluralidad política), entonces las condiciones para la paz podrían erosionarse”.

Sus declaraciones generaron toda una controversia y el rechazo del Gobierno y el Partido Conservador. Incluso, obligaron a que, mediante un escueto comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos aclarara que lo que Whitaker quiso decir era que “Colombia tiene una democracia vibrante, en donde el pluralismo político es esencial”.

Al respecto, el fiscal Montealegre sostuvo este fin de semana que “la destitución de un alcalde elegido democráticamente, que perteneció antiguamente a una guerrilla como la del M-19, que dejó las armas para participar en la vida democrática del país, va a generar desconfianza”.

Pero los guiños del fiscal al alcalde Petro no se quedaron ahí. En sus declaraciones le dio bombo a otra de las tesis que ha esgrimido Petro para cuestionar el fallo en su contra: que esta sentencia no se apega a los planteamientos del Sistema Interamericano.

El fiscal dijo que el Sistema Interamericano “es muy claro en señalar que la única persona que tiene competencia para destituir a una persona elegida democráticamente es un juez penal. Y aquí la decisión no la tomó un juez penal, ni se tomó por una conducta eventualmente delictiva”, un señalamiento controversial en momentos en los que, precisamente, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo investiga a Petro por posibles irregularidades en la implementación del nuevo modelo de basuras.
La próxima semana, el alcalde Petro visitará Washington para ventilar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paralelamente, la Corte Constitucional se apresta a estudiar una demanda contra las facultades del procurador de inhabilitar y destituir.
Por ahora, las manifestaciones en apoyo a Petro quedaron suspendidas hasta el próximo 10 de enero.