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Desde Soledad (Atlántico) el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, aseguró que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, está en todo su derecho de presentar las acciones jurídicas en contra de la sanción disciplinaria emitida el pasado lunes en su contra, por las irregularidades que registraron la planeación y ejecución del modelo de aseo en la capital de la República. (Lea: Uribe negó injerencia en destitución de Gustavo Petro)
«Son derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia que los ciudadanos tienen en orden ante sus autoridades se pronuncien sobre temas específicos sobre derechos fundamentales«, precisó el jefe del Ministerio Público.
Sin embargo, Ordóñez Maldonado prefirió no hacer más comentarios sobre el fallo emitido de primera instancia, en el cual se destituyó e inhabilitó a Petro para ocupar cargos públicos por 15 años.
A las 12 del día de este jueves el alcalde mayor de Bogotá se reunió con el fiscal General, Eduardo Montealegre.
La demanda ante la CIDH
El abogado Rafael Barrios, quien defiende los intereses del alcalde Gustavo Petro, le pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le dé celeridad a la demanda presentada para suspender los alcances del fallo emitido en contra de su cliente.
En la acción se busca anular todo lo actuado en el proceso administrativo que se le abrió al mandatario capitalino al considerar que se le vulneró el derecho al debido procesal y a la defensa.
«El procurador y sus subalternos no pueden violar los derechos políticos adquiridos al ser escogido por voto popular”, explicó el abogado Barrios, quien además le hizo una llamada al organismo internacional para que se conozca una decisión lo más pronto posible sobre la acción instaurada hace tres meses.
Recordó que la CDIH ya actuó en un proceso que le adelantó a la Procuraduría General al senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, proceso que le fue archivado.
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