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Desde Paipa, Boyacá, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leónidas Bustos criticó la solicitud presentada por el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que intervenga frente a una eventual impunidad en el marco del proceso de paz que adelanta el Gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc.
El magistrado aseguró que este tipo de solicitudes son apuradas, puesto que el proceso de paz se encuentra en un punto medio y hasta el momento solamente se han firmado dos acuerdos de los cinco presentados por la mesa negociadora.
“Sería bueno esperar que termine el proceso de paz y luego idear a través de una ley, cuáles serían los mecanismos para garantizar la efectividad del derecho de las víctimas”, expresó el presidente de la Sala Penal del alto tribunal.
Bustos recordó además que la CPI solamente interviene en hechos extremos, como lo es cuando la justicia y el Estado no obran correctamente frente a diversos temas, indicando que en este proceso que ya cumplió un año las dos partes han trabajado y se han logrado avances en la agenda establecida.
“Hay unos parámetros que cumplir y por tanto los delitos de lesa humanidad quedaría excluidos de una permisión que no permita la sanción de los responsables. Lo que pasa es que no se debe identificar sanción con prisión”, reiteró el magistrado en el marco del segundo foro de análisis del Sistema Penal Oral Acusatorio.
Para el togado, se debe estudiar con lupa y mucho cuidado las penas y sanciones que les serán impuestas a los responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios, recordando así los acuerdos internacionales firmados por Colombia.
“Deberíamos recrear las sanciones de una manera acertada y bajo el marco de la justicia transicional para saber cuál serían en el futuro las sanciones que se le podrían imponer a los movilizados que han cometido delitos de lesa humanidad”, señaló.