‘Proyectos de Mindefensa son inviables para la justicia’

El Consejo de Política Criminal, organismo adscrito al Ministerio de Justicia, estableció que dos de los proyectos presentados por el Ministerio de Defensa para incrementar penas a quienes realicen actividades de microtráfico y fomenten actos violentos durante las movilizaciones, no son viables para la justicia colombiana. Para este organismo las propuestas son inoportunas e inconvenientes, pues no son eficientes para combatir la criminalidad. Estas conclusiones fueron entregadas al Congreso de la República para que sean consideradas en los próximos debates.

El viceministro de Política Criminal Miguel Samper le explicó que durante este año se han presentado más de 40 reformas del proyecto legislativo con el fin de aumentar penas o crear nuevos delitos. Aun así, ninguna ataca las acciones delictivas de manera directa. Por eso, el funcionario aseguró que las modificaciones deben estar enfocadas hacia una política integral, con medidas que respondan “de forma efectiva a los problemas de criminalidad”.

Estos dos proyectos de ley fueron radicados en septiembre por el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, para modificar los códigos Penal y de Procedimiento Penal, además del procedimiento sancionatorio ambiental, el Código Nacional de Tránsito y el Código de Infancia y Adolescencia. El jefe de esta cartera considera que estas reformas respondían a los retos de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El 12 de septiembre afirmó Pinzón que sus propuestas daban “herramientas de tipo penal para responder a los delitos que hoy están afectando más a los ciudadanos. Durante muchos meses se identificaron estas conductas delictivas y, en efecto, causan preocupación en el colombiano de a pie y más aún que pese a las muchas capturas, la mayoría rápidamente encuentra la libertad”.

La reforma legislativa sobre el microtráfico busca establecer tres nuevos agravantes para castigar con mayor severidad este delito: si la infracción se comete simulando adicción o porte de la dosis personal, si se realiza en centros educativos y se utiliza como fachada un comercio ambulante. De acuerdo a lo afirmado por Pinzón en septiembre pasado, la medida también busca proteger a los menores de edad, ya que algunos son partícipes en la comercialización de estupefacientes.

En cuanto a los actos vandálicos y los bloqueos en vías, el proyecto impulsado por el ministerio de Defensa busca aumentar las penas para quienes inciten, dirijan o proporcionen los medios para que los actos de violencia ocurran, así como promuevan vías de hecho que alteren el orden público y afecten las actividades cotidianas de los ciudadanos. Además, se añade un agravante para aquellos que utilicen elementos que impiden la identificación, como la capucha. La decisión de aprobar o no las medidas presentadas por el ministro de Defensa ahora se encuentran en manos del Congreso de la República. Allí deberán ser debatidas teniendo en cuenta el reciente concepto emitido por el Consejo de Política Criminal.