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El miércoles de la semana que termina finalmente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo, firmó el decreto que la opinión pública ha dado en llamar de “licenciamiento exprés”: dan a entender los críticos que el proceso de licencias ambientales, útil para no depredar el medio ambiente mientras se adelantan las obras públicas que el país necesita, se convertirá ahora de un proceso expedito que se adelanta en una ventanilla. Otra cosa piensa el ministro Vallejo, quien dice que se trata de un proceso mucho más eficiente y riguroso. El futuro les dará su peso a esas palabras.
A decir verdad, ese elemento ‘exprés’ que tanto era criticado en la norma se retiró. El tiempo previsto en la anterior regulación, ese decreto 280 de 2010, se mantuvo finalmente: serán 90 días y no 70, como se pretendía, y a su vez 60 para la renovación de una licencia vigente. Asimismo, hay cambios que los expertos exigían: el requerimiento de las licencias ambientales para la construcción de dobles calzadas, por ejemplo; los estudios de impacto ambiental, exigidos ahora durante los primeros 20 días del trámite, con la posibilidad de rechazo por parte de la autoridad ambiental si no cumplen con unos criterios mínimos de calidad, por ejemplo; visitas de campo incluidas en los sitios donde piensan hacerse las obras, por ejemplo. Hasta ahí, todo suena bien. Parecería que las críticas se hubieran ponderado en las consultas y que se hubiera encontrado un justo medio aceptable.
Otra cosa piensan, sin embargo, algunos ambientalistas expertos, quienes creen que un proceso de este estilo requiere mucha más rigurosidad, sobre todo en lo que concierne a los estudios de impacto ambiental (¿qué daño se hace y cómo se enmienda?). Ricardo Lozano, exdirector del Ideam, dice que tiene que haber un aumento en la calidad de los profesionales que se encarguen de la evaluación. De lo contrario, dice —y no sin razón—, habrá un problema con la sostenibilidad en Colombia: ese punto en la agenda que nos cuesta tanto en términos ambientales. El mal manejo del territorio no solo es un problema futuro: ahí tenemos vivo el recuerdo de los desastres naturales bastante evitables en el pasado si nos hubiéramos tomado la molestia de darle un mejor manejo al entorno.
La crítica, sin embargo, puede expandirse. Las licencias ambientales en este país eran poco más que un desastre: se hacían de una forma pausada, sin criterios técnicos muy avanzados al interior de los requisitos ambientales exigibles, y algunas veces, incluso, iban en contra de derechos importantes de la población, como las consultas populares. Era mucho lo que tenía que cambiar. Enhorabuena, entonces, la idea de hacer más rigurosa y eficiente su implementación.
Hay un problema, sin embargo. El elemento “exprés” de fondo, que ya quedó eliminado, fue reemplazado en un proceso de una rapidez inusitada: rápido lo anunciaron, rápido lo pausaron y modificaron ante las crecientes críticas, y rápido llegó al despacho del presidente Juan Manuel Santos para su sanción final. Pocas de esas consideraciones (que van mucho más allá del tiempo en que pueda ser entregada una licencia ambiental) fueron conocidas por las personas que saben de estos temas. ¿Hay algún temor? Parece que no. ¿Hay algún afán? Parece que sí.
El problema que vemos, de nuevo, está en la forma: un proceso público, como lo merece, hubiera sido mucho más transparente. Ojalá no nos rasguemos las vestiduras por andar de afán con el tema del medio ambiente y la infraestructura. Vaya si en este tema se necesita paciencia.