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La Procuraduría General le solicitó al Inpec un informe que haga referencia sobre las medidas que se tienen en cuenta a la hora de realizar el traslado de las personas que están privadas de la libertad a citas médicas.
Esto debido a los hechos presentados el pasado 17 de septiembre cuando en un grupo de hombres armados “rescataron” a Alexander Urrego cuando se encontraba en una cita médica en una clínica en la localidad de Rafael Uribe Uribe en el sur de Bogotá. (Ver Así se fugó de las autoridades, peligroso delincuente en Bogotá)
El Ministerio Público igualmente le solicitó al director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte si el organismo cuenta con la infraestructura y personal médico que permita que la atención médica, la odontológica y la toma de exámenes de diagnóstico se realicen en cada uno de los establecimientos.
Para el órgano de control disciplinario, el Instituto carcelario debe adoptar todas las medidas para garantizar la seguridad de los detenidos, principalmente los derechos a la salud de las personas que se encuentra privadas de su libertad en todos los centros del país.
En el marco de su acción preventiva, el Órgano de Control pidió al general Ricaurte informar sobre las gestiones adelantadas en esta materia por el organismo que él preside.
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