«Jalón de Orejas» de la Corte a la Fiscalía en proceso por «falsa desmovilización»

El magistrado ponente indicó que al revisar las estipulaciones presentadas para el desarrollo del juicio «no se tiene certeza» sobre los hechos y circunstancias que serán tenidas en cuenta en el juicio contra el oficial investigado por los delitos de peculado por apropiación, porte ilegal de armas, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares y fraude procesal.

Para el alto tribunal este hecho presenta una problemática puesto que esto afectaría la decisión sobre la admisión de pruebas en el proceso. «Si el asunto se dejara en esas condiciones muy seguramente en el ejercicio del juicio en adelante vamos a tender muchas dificultades», señaló.

El magistrado ponente llamó la atención sobre el hecho de que pese a que la Fiscalía y la defensa del procesado acordaron la estipulación de tres hechos esto no se cumplió, hecho por el cual se ordenó la suspensión de la audiencia con el fin de que los sujetos procesales «concreticen los hechos y circunstancias que se refiere a esas tres estipulaciones».

«Tanto la Fiscalía como la defensa nos puede mostrar objeciones al ingreso de las pruebas afirmando que hacen parte de hechos estipulados pero que en este momento no podríamos afirmar si se de verdad lo son, porque no están especificados los hechos, no están especificadas las circunstancias», precisó,

El exdirector de inteligencia del Ejército se encuentra privado de la libertad desde abril de 2012. (Ver Tocarruncho: eslabón perdido en falsa desmovilización)

En este caso el fiscal del caso ha mencionado que el general conoció desde el principio los vicios que presentaba dicho proceso de desmovilización el cual tuvo un costo superior a los 1.100 millones de pesos.

Según la Fiscalía, este dinero fue utilizado para el entrenamiento de los falsos desmovilizados, así como su alimentación, manutención y pago de nóminas a cada uno de los 70 supuestos guerrilleros.

La Fiscalía reveló que la ceremonia de la falsa desmovilización tuvo un costo 81 millones de pesos y a los falsos desmovilizados se les dieron dos cheques, uno por 155 millones y otro por 901 millones de pesos.

Ante estos hechos la Fiscalía solicitó que se le cobije con medida de aseguramiento, al considerar que es un peligro para la sociedad y podría obstruir el proceso judicial que se adelanta en su contra. “Según las declaraciones de varios testigo, el general Suárez Tocarruncho se aprovechó de su condición y amenazó a las personas que podrían contar los detalles sobre el montaje”.

Por estos hechos, el alto oficial podría ser condenado a 20 años de prisión, además podría perder los beneficios que tiene por su investidura de general de la República al considerar se incurrió en graves fallas.

El papel del general

El nombre del general (r) Lelio Fadúl Suárez Tocarruncho fue mencionado en repetidas oportunidades por el fiscal 16 anticorrupción, Francisco Villarreal durante la presentación de la imputación de cargos contra seis personas en el proceso por la falsa desmovilización de la compañía Cacica registrada en marzo de 2006.

Las mismas menciones hizo el procurador del caso, Jairo Acosta, al señalar que el entonces jefe de inteligencia del Ejército se reunió en repetidas ocasiones en la cárcel La Picota de Bogotá con el desmovilizado guerrillero Raúl Agudelo Medina, alias‘Olivo Saldaña’ con el fin de tratar temas relacionados con la desmovilización de 62 hombres.

Fue el general Suárez Tocarruncho, según la Procuraduría, la persona que le “ordenó” a sus subalternos, el coronel Jaime Joaquín Ariza y el coronel (r) Hugo Alberto Castellanos que estuvieran pendientes y manejaran las tareas relacionadas con el transporte, vigilancia, ubicación y cuidado de unas armas que venían de Santa Marta hacia Bogotá, las cuales fueron almacenadas en el Batallón de Inteligencia No. 5.

Durante sus dos intervenciones en la diligencia judicial que duró más de 80 horas, el representante del Ministerio Público fue enfático en asegurar que el general fue el encargado de hacer los “actos de verificación”, como eran las tareas de revisar qué personas se iban a desmovilizar, su deseo de abandonar las armas y principalmente su pertenencia a la compañía guerrillera.

Fue el militar quien le entregó al entonces comisionado de Paz Luis C. Restrepo la lista y los detalles de la desmovilización de La Cacica, siendo, para la Fiscalía y la Procuraduría, la persona con “más información” sobre el tema por el cual hoy son procesadas 12 personas, entre las que se encuentran el exfuncionario, dos militares, un narcotraficante, civiles y una serie de guerrilleros.

“El general Suárez Tocarruncho fue el encargado por parte de la alta oficina del alto comisionado para la paz de desarrollar todo el proceso”, precisó el delegado del Ministerio Público señalando que ni siquiera los investigadores, ni los agentes estatales, ni el mismo Luis C. Restrepo tenían acceso a toda la información que manejó el militar quien después de reunirse con ‘Saldaña’ entregó los datos oficiales de los desmovilizados.

Estas listas fueron recibidas por Restrepo quien le dio “el toque administrativo” oficial con el cual se dio inicio a la desmovilización. Y es que el general, hoy en retiro, fue la persona que más contacto tuvo con ‘Olivo Saldaña’, el mismo guerrillero quien aseguró en la diligencia judicial que había “inflado las cifras” de los desmovilizados, engañando de esta forma al Estado y al comisionado de Paz.

“El general Suárez Tocarruncho tenía un conocimiento privilegiado frente a la estructura guerrillera que se iba a desmovilizar. Tenía todos los elementos y el conocimiento de los hombres, hecho por el cual podemos deducir que la desmovilización se hizo en parte gracias a él”, precisó el fiscal del caso señalando que fue el entonces jefe de inteligencia quien entregó todos los detalles en la lista de los 42 cuestionados desmovilizados.