La virtud de planificar

La expansión urbana logra eso: que, piedra sobre piedra, se llene el espacio sin límite alguno. A veces todo esto se debe a la desesperación de personas que no tienen donde vivir y van echando casas arriba sin seguir algún tipo de norma técnica. Otras veces se debe a la ambición de los constructores que, por ahorrarnos las palabras, hacen lo mismo. Con todo y lo que falta en el caso particular (un estudio de la Universidad de los Andes que determine por qué se cayó intempestivamente la torre 6 de este complejo), lo que vimos desde siempre fue la falta de previsión.

Esas fisuras y grietas que aparecieron en partes estructurales del edificio, por ejemplo. Esas alarmas prendidas por parte de los habitantes, mitigadas por partes de tranquilidad que las calificaban de “males menores”, por ejemplo. Ese anuncio del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres de Medellín que, unos días antes de la tragedia sucedida en octubre del año pasado, pidió que se evacuara a las 24 familias que allí vivían, por ejemplo. Esa negativa de CDO, la constructora del complejo, y las palabras de respuesta de Ilean Arboleda, entonces asesora legal de la firma: “Tenemos la recomendación de nuestro consultor estructural de que no es necesario evacuar”, por ejemplo.

Luego vino lo que por todos nosotros es conocido: la caída. Para el país es posible que el drama se haya olvidado: pero mucho es el recorrido (jurídico, además) que les falta a algunas de las familias que sufrieron esta tragedia. Perdieron su dinero y el lugar donde vivían. Allá llegaron a mirar, tras la decisión de demoler los edificios con 200 kilos de Indugel ubicados en 1.200 perforaciones, 3.000 metros de cordón detonante y 580 detonadores no eléctricos Exel: lo restante de sus casas se fue al suelo.

Por supuesto que esperamos que lo dicho por el alcalde de esa ciudad, Aníbal Gaviria, se vuelva una realidad: “(buscar) la protección de la vida y el restablecimiento de los derechos de las familias afectadas, por supuesto, basada en los dictámenes de la Universidad de los Andes y en el cumplimiento de la ley y la normatividad vigentes”. Los antiguos habitantes son los que más esperan esta respuesta: ahí los tuvimos en este diario dando testimonio de lo que sufren, esperando que la firma constructora les devuelva su patrimonio, muchos de ellos entutelados por declarar ante los medios contra ella.

Mucho más allá de esto (a lo que por supuesto hay que hacerle el debido seguimiento) queda la duda de si en Colombia hay reglas claras para echar arriba edificios uno tras otro. Circula ahora en el Congreso un proyecto de ley de viviendas seguras que busca, entre otras cosas, tanto que los constructores estén obligados a tener pólizas de seguros, como el fortalecimiento de los curadores urbanos.

Un triste capítulo que aún no se cierra debe ser un obvio insumo para generar políticas públicas más serias en este terreno. Si tuviéramos esto rodando con seguridad y legalidad en Colombia, es muy posible que la tragedia de todas estas familias fuera hoy algo inexistente. Depende mucho del Estado que, de aquí en adelante, este tipo de episodios no se repitan.