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La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó la acción popular interpuesta en contra de la venta de la empresa de energía Isagén.
El abogado Guillermo Rodríguez, quien defiende los intereses del expresidente Álvaro Uribe, indicó que con decisión se suspende provisionalmente la venta de las acciones del Estado.
«Se concede la medida cautelar para frenar la venta de las acciones», precisó el jurista quien aseguró que el Gobierno quiere regalar esta empresa de energía.
En la decisión, según el abogado, se indicó que se debe esperar a que se tome una decisión de fondo sobre este polémico caso el cual ha generado un debate público.
“Se suspende la venta de Isagén hasta nueva orden porque el operador judicial así lo ordena con esa medida cautelar que nosotros le solicitamos. Acto seguido inicia todo el debate procesal entre las partes en esta acción”, explicó Rodríguez la decisión conocida este lunes.
En los últimos días, los demandantes presentaron nuevas pruebas en esta acción que busca frenar definitivamente la decisión tomada por el Gobierno para vender el 57.66% de las acciones que le pertenecen al Estado.
El abogado indicó que el expresidente Uribe calificó esta noticia como “una pequeña victoria ya que se está defendiendo el patrimonio público de los colombianos”.
El pasado 8 de agosto, la defensa del exmandatario presentó por medio de su abogado una acción en la que se argumentó que con esta decisión se pone en riesgo la moralidad administrativa, patrimonio público y la seguridad y salubridad pública. (Ver Gobierno anuncia venta de la participación de la Nación en Isagén)
En este documento se le pide al Tribunal que ordene la suspensión del proceso de expedición del decreto que contemplaría “el programa de enajenación de las acciones del Estado de Isagén S.A.S.P y en caso de que se haya emitido se ordene la suspensión de sus efectos hasta que se resuelva la acción”.
Y es que para el demandante, Isagén es una empresa con eficiente control por parte del Estado lo que demuestra su superávit y eficiencia financiera por lo que señala que hasta la fecha se desconocen las razones, causas y consecuencias del Gobierno de Juan Manuel Santos de poner a la venta su paquete accionario.
En el texto se hacen varias referencias al hecho de que al momento de tomar esta decisión no se tuvieron en cuenta los reglamentos “de la tercera empresa termoeléctrica e hidroeléctrica más importante del país” ni de sus accionistas minoritarios. (Ver Privatización energética)
En este punto se le pide al Tribunal que le solicite al Gobierno una explicación ante la opinión pública y todos los interesados los motivos de esta decisión.»Se desconoce la motivación justificada en estudios financieros y técnicos que permitan concluir la decisión del Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
Igualmente se indica que no se tiene en cuenta el impacto que puede traer esta acción frente a la utilidad de la Nación. “El paquete accionario de Isagén es de 2.726 millones de acciones de acuerdo al ministerio de Hacienda y Crédito Público (…) Isagén ha girado al estado en los últimos años 824 mil millones de pesos para inversión social e infraestructura. A diciembre 31 la compañía tiene en activos 7 billones de pesos sin embargo no hay un estudio que estime un valor real a la fecha”.
En la demanda, el expresidente asegura que la aprobación registrada en el Consejo de Ministros es una clara violación al conjunto de valores y principios que se deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de esta magnitud. “Se estaría lesionando el patrimonio público en virtud de que los recursos que estima recibir el Gobierno Nacional producto de dicha venta serían de 4.5 billones de pesos, valor que se estimó para el año 2010”, por lo que se indica que no se tienen evidencias claras que demuestren la necesidad de su venta y mucho menos su valor actual.