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175 personas han sido judicializadas en el paro agrario

La Fiscalía indicó que los manifestantes que impidan el paso misiones médicas podrían responder por el delito de homicidio con dolo eventual.

26 de agosto de 2013 – 06:35 a. m.

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El vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo manifestó que las personas que impidan el acceso a las misiones médicas en los lugares donde se adelantan las protestas por el paro agrario podrían responder por el delito de homicidio con dolo eventual.

En este sentido hizo un llamado para que los manifestantes que están adelantando la obstrucción de las vías permitan el acceso de estas misiones ya que se están presentando hechos en los que se encuentra en riesgo la vida de las personas.

?»Cuando se da una muerte de una persona que iba en una misión medica que no puede llegar a un hospital en virtud de una obstrucción de una vía o de un bloqueo, esa muerte o esa lesión es perfectamente imputable a las personas manifestantes, es un homicidio por ejemplo a titulo homicidio con dolo eventual”, precisó Perdomo.

Igualmente indicó que hasta la fecha se han capturado y judicializado 175 personas, sin embargo muchas de ellas han sido dejadas en libertad por parte de los jueces de la República y de la Fiscalía puesto que los delitos no hacen necesaria una detención preventiva.

En las audiencias celebradas en el marco del paro que ya dura ocho días se le han imputado a estas personas delitos relacionados con el daño en bien ajeno, obstrucción de vías públicas, violencia contra servidores públicos y perturbación al servicio de transporte.

Abuso de fuerza pública

El Vicefiscal General igualmente indicó que se están adelantando las investigaciones sobre los abusos de la Fuerza Pública en contra de los manifestantes, las cuales han sido denunciadas en los últimos días por diferentes organizaciones con base en los videos publicados en las redes sociales.

Sin embargo, también se investigan las presuntas agresiones cometidas por parte de los manifestantes a los uniformados que han sido replegados para evitar la alteración del orden público y la obstrucción de las vías.

“Es claro que la protesta cuando es pacifica es legítima, pero cuando es desmedida y se pone en peligro los bienes jurídicos de las personas se torna judicializable”, indicó.

Igualmente la Fiscalía General está recolectando elementos materiales probatorios referentes al asesinato de un subintendete de la Policía en Zipaquirá el pasado fin de semana.

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