Libertad de opinión

Una vez llegaron los representantes de las víctimas del conflicto armado a La Habana, Cuba, Cabal se fue lanza en ristre contra la fotografía de una de ellas, Ángela María Giraldo, hermana del asesinado exdiputado del Valle Francisco Giraldo. La congresista critica duramente su amable sonrisa al momento de saludar a un representante del Gobierno, a quien Cabal (con bastante desatino) confunde con un representante de la guerrilla. No solamente puso en entredicho su calidad de víctima, que lo es sin duda alguna, sino que cerró así todo el comentario: “¿Síndrome de Estocolmo?”.

Y con esto se armó Troya. No solamente porque la indignación general se hizo sentir a través de las redes sociales, sino que la cosa llegó hasta las más altas instituciones del Estado: la Fiscalía General de la Nación le abrió investigación a la congresista por presuntamente haber cometido un paquete bien grande de delitos: injuria y calumnia y actos de discriminación y hostigamiento agravado. Todo. La denuncia fue interpuesta por la misma Giraldo contra personas indeterminadas por la serie de comentarios en su contra. Tiene todo el derecho de defender su buen nombre y su honra.

Pero ahí no para la cosa: el defensor del Pueblo, Jorge Otálora, anunció que pedirá a la Corte Suprema de Justicia que delimite los parámetros para opinar en Twitter, con la finalidad (al parecer noble) de que las víctimas de las Farc no reciban comentarios similares a través de las redes sociales.

Estamos de acuerdo en que las víctimas no deberían ser objeto de burlas o insultos: bastante tuvieron con sus trágicas experiencias personales como para que alguien, sin empacho alguno, venga a cuestionarlas ante la opinión pública de la forma en la que Cabal lo hizo. Merece sanción social. Merece que los votantes la castiguen duramente por esas opiniones que en nada ayudan a construir un proceso colectivo. Pero ¿meterla presa por esto? ¡Por favor!

Y más absurda aún resulta la petición del defensor del Pueblo (absolutamente fuera de sus cabales) quien pretende, a fuerza de regulaciones, ponerle freno a un acto tan legítimo y democrático como el de la opinión. Sabemos de sobra que ésta tiene límites. Y sabemos que ningún derecho es absoluto. Pero es por esa clase de boquetes por donde se reprimen los más fundamentales derechos. En profusa jurisprudencia la Corte Constitucional ha aclarado que la responsabilidad del uso de este derecho es posterior: no puede ponérsele cortapisas desde antes. Rechazamos, entonces, con contundencia, la petición del defensor Otálora.

Es obvio que una persona que ostenta el rol de congresista en una sociedad es responsable de lo que dice: las ofensas de Cabal deben, al contrario, promover un debate en torno al respeto por las víctimas y por las personas que promuevan una visión del mundo distinta a la de ella. La respuesta debe darse con altura. A la congresista le aconsejamos que, ya que está representando a una porción grande de la sociedad, mida mejor sus palabras y no promueva más esa violencia verbal y estrambótica que no conduce a nada.