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La Corte Constitucional rechazó una acción presentada por la Procuraduría General que busca anular la decisión con la que se revocó la medida de aseguramiento en contra del contratista Emilio Tapia en el proceso que se le adelanta por el llamado ‘carrusel’.
En la acción de tutela el Ministerio Público indicaba que debido a la magnitud del desfalco al Distrito y el traumatismo y afectación en la calidad de vida que sufrieron las personas gracias al desarrollo irregular de las obras son motivos suficientes para que el contratista sea cobijado nuevamente con medida de aseguramiento.
Igualmente señalaron que en dicha audiencia, no existió representación de la defensa de las víctimas, ni tampoco del Ministerio Público por lo que se considera que dicha decisión presentó irregularidades. (Ver Juez deja en libertad al contratista Emilio Tapia)
En este sentido se le pidió al alto tribunal que revoque la decisión emitida con la cual fue dejado en libertad ya que una jueza en segunda instancia consideró que la Fiscalía no había pedido la medida de aseguramiento.
Tapia Aldana firmó un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. (Ver Tapia pidió seguridad para su familia para declarar en proceso por ‘carrusel’)
En el preacuerdo se establece que el contratista pagaría 13 años de detención domiciliaria a cambio de entregar información relacionada con los demás implicados en este escándalo de corrupción administración.
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