Inadmiten acción popular interpuesta por Uribe contra venta de Isagén

“En ningún momento ha sido negada la acción ni ha sido rechazada de plano ni se han tomado decisiones de fondo sustanciales que afecten la demanda”, precisó el jurista.

En su decisión, el Tribunal Administrativo determinó que se debe anexar un acervo probatorio más sólido con el fin de sostener los argumentos esgrimidos en la acción popular.

“Nos piden que anexemos un acervo probatorio más sólido un sustento técnico y estamos elevándolo”, precisó Rodríguez al explicar que el Tribunal consideró que los reportes de prensa donde se manifiesta la decisión del Gobierno para vender su paquete accionario “no son elementos suficientes para afirmar la irremeabilidad de ese perjuicio y de la situación que se trata en ese proceso”.

El abogado señaló además que en el fallo conocido este miércoles se le solicitó además “aportar requisitos de procedibilidad que también se menciona y que se presentó de manera alterna con la acción”.

“Vamos a manifestarle al tribunal que ese requisito se surtió y hubo renuencia por parte de la Presidencia de la República y por parte del consejo de ministros de darnos información sobre el respecto”, indicó.

Los alcances de la acción

El pasado 8 de agosto, la defensa del exmandatario presentó por medio de su abogado una acción en la que se argumentó que con esta decisión se pone en riesgo la moralidad administrativa, patrimonio público y la seguridad y salubridad pública. (Ver Gobierno anuncia venta de la participación de la Nación en Isagén)

En este documento se le pide al Tribunal que ordene la suspensión del proceso de expedición del decreto que contemplaría “el programa de enajenación de las acciones del Estado de Isagén S.A.S.P y en caso de que se haya emitido se ordene la suspensión de sus efectos hasta que se resuelva la acción”.

Y es que para el demandante, Isagén es una empresa con eficiente control por parte del Estado lo que demuestra su superávit y eficiencia financiera por lo que señala que hasta la fecha se desconocen las razones, causas y consecuencias del Gobierno de Juan Manuel Santos de poner a la venta su paquete accionario.

En el texto se hacen varias referencias al hecho de que al momento de tomar esta decisión no se tuvieron en cuenta los reglamentos “de la tercera empresa termoeléctrica e hidroeléctrica más importante del país” ni de sus accionistas minoritarios. (Ver Privatización energética)

En este punto se le pide al Tribunal que le solicite al Gobierno una explicación ante la opinión pública y todos los interesados los motivos de esta decisión.»Se desconoce la motivación justificada en estudios financieros y técnicos que permitan concluir la decisión del Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

Igualmente se indica que no se tiene en cuenta el impacto que puede traer esta acción frente a la utilidad de la Nación. “El paquete accionario de Isagén es de 2.726 millones de acciones de acuerdo al ministerio de Hacienda y Crédito Público (…) Isagén ha girado al estado en los últimos años 824 mil millones de pesos para inversión social e infraestructura. A diciembre 31 la compañía tiene en activos 7 billones de pesos sin embargo no hay un estudio que estime un valor real a la fecha”.

En la demanda, el expresidente asegura que la aprobación registrada en el Consejo de Ministros es una clara violación al conjunto de valores y principios que se deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de esta magnitud. “Se estaría lesionando el patrimonio público en virtud de que los recursos que estima recibir el Gobierno Nacional producto de dicha venta serían de 4.5 billones de pesos, valor que se estimó para el año 2010”, por lo que se indica que no se tienen evidencias claras que demuestren la necesidad de su venta y mucho menos su valor actual.