El mayor activo

Bien fuere que los mereciera por errores protuberantes de su gestión o que se exageraran de manera injusta por rencores viejos hacia lo que su figura representa, el hecho cierto es que incluso hasta sus más acérrimos contradictores reconocían un punto: su honestidad y, sobre todo, su lucha contra la corrupción. Entre toda la maraña de críticas e insultos que líderes de opinión y sectores técnicos le levantaban a diario, siempre cabía ese inciso para salvar su gestión. Y, claro, para sus defensores, mucho más allá de algunas políticas públicas destacables, ese era el gran bastión.

Él mismo, incluso, usó esta bandera, su activo más fuerte, para ser elegido: mucho más allá de ser un gobernante genuinamente de izquierda (con lo que atrajo una buena parte de los votos) o de que su programa de la Bogotá Humana planteara una ciudad posible y deseable (lo que cautivó a otros tantos), su discurso más fuerte buscaba eliminar de raíz el llamado ‘carrusel de la contratación’, ese cáncer que se comió viva a la capital del país en la anterior administración.

Hubo un juicioso informe de seguimiento al ‘carrusel’, elaborado casi que a cuatro manos con el concejal progresista Carlos Vicente de Roux, uno de sus más fieles aliados y, por demás, un funcionario serio y con amplia credibilidad en la opinión pública. Con esa carta de presentación, la llegada de Gustavo Petro aparecía como una esperanza para sanar la herida de la corrupción en la contratación de la capital, de la que no nos recuperamos todavía.

Por eso sorprende tanto —a todos— que sea el mismo De Roux quien haya decidido romper con el progresismo y denunciar una nueva oleada —o la misma— de esa contratación perversa que con su compañero político habían descrito en el pasado. En la noche del lunes, lanzó De Roux un mensaje en su página web, que tituló “Las prórrogas de megacontratos desfavorables para Bogotá están cortadas con la misma tijera”.

El concejal le dijo a este diario en junio de este año que estaba pensando en promover una moción contra el entonces secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, con lo cual enviaba de paso una alerta directa al alcalde: la presencia de una crisis en la contratación de movilidad en Bogotá. Ninguna reacción. Ahora ha ido más lejos, al documentar casos en que esas prácticas del carrusel se hacen patentes hoy y se amplían en el tiempo para desventaja de la ciudad. Tres son los casos: operadores de las fases I y II de Transmilenio, el consorcio Servicios Integrales para la Movilidad (SIM) y Eucol (encargado de los paraderos). A juicio del concejal, todos estos son “contratos que tuvieron que adjudicarse por licitación y en lugar de ello se adicionaron y son desequilibrados para la ciudad”. Muy grave.

No somos los indicados para cuestionar al alcalde Petro y mucho menos para condenarlo por anticipado ante la opinión. Pero sí extraña esta denuncia, venida de su propia entraña progresista. Llegó la hora de que el alcalde hable, explique y tome acciones. Sería lamentable que escogiera el camino de defenderse airadamente y promover teorías conspirativas, como suele hacer, cuando la ciudadanía necesita explicaciones puntuales y específicas. Como aquellas del informe sobre su antecesor hace unos años. No es otra la respuesta que puede resolver las dudas que se ciernen ahora sobre el que hasta hoy ha sido su gran activo.