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Mientras la Fiscalía guarda absoluta reserva en el caso de Ernesto Amaya, presunto responsable de secuestrar y violar a sus dos hijastras durante los últimos 10 años, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) revela nuevos datos sobre el pleito que ha sostenido el implicado con la mayor de sus hijastras. Además, ésta le responde a los familiares de Amaya, quienes aseguraron que los testimonios de la víctima son falsos.
Durante los últimos once meses la hijastra mayor de Amaya ha buscado, a través de diferentes centros zonales del ICBF, solucionar la custodia del hijo que tuvo con el presunto violador. La custodia del menor —hoy de siete años de edad— fue entregada al padre en el año 2011 por “un acuerdo voluntario”, según el ICBF.
Sin embargo, la hijastra señala que la entidad no atendió sus denuncias de abuso sexual y que “dilató la custodia del niño al trasladarla a diferentes centros zonales”. Durante 2012, la mujer se acercó al ICBF en tres ocasiones por los traslados del caso entre diferentes centros zonales: 12 de septiembre, 12 de octubre y 27 de noviembre.
Además, quedó registrada una queja el 30 de marzo de este año en la Secretaría de Integración Social: “Vengo a dejar constancia de que en el ICBF centro zonal de Fontibón, le otorgaron la custodia de mi hijo al papá y como hemos tenido inconvenientes referente a las visitas el señor cambió de residencia, se vino a vivir al barrio el Amparo y, por ese motivo, me dirigí al centro zonal de Kennedy para modificar las visitas. Allí, efectivamente, llegamos a nuevos acuerdos donde él los ha incumplido y ya hace dos meses no me permite ver a mi hijo, siempre sale con evasivas”.
Diana Patricia Arboleda, directora regional de Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, responde: “ En 2010 el padre del niño se acercó solicitando la legalización de la custodia, debido a que hacía unos meses se había separado de su compañera. En 2012 la señora le solicitó al Instituto una revisión de la custodia y se citó a los dos a una nueva audiencia de conciliación. En esa ocasión ella habló de una posible situación de abuso y presentó una denuncia que había instaurado ante la Fiscalía por unos hechos que presuntamente habían ocurrido en el año 2004. Ahora, la denuncia fue presentada ocho años después de ocurridos los supuestos hechos”.
El retraso en la radicación de la denuncia tiene una explicación por parte de la hijastra mayor: “no me atreví a denunciar antes porque estaba amenazada, y aunque les dije que yo sufría de abusos la custodia del niño siguió siendo del padre”.
Frente a la denuncia de abuso sexual, Bienestar Familiar respondió: “En este tema conciliatorio de la custodia, no tuvimos conocimiento de ningún antecedente en el que estuviera implícito el señor. Además, no estaba sindicado por cuanto la Fiscalía no nos había requerido nada y no era de nuestra competencia entrar a averiguar esos hechos”, dice Arboleda.
Este diario pudo establecer con el ICBF que el niño de siete años, hijo de Amaya con su hijastra mayor, “se encuentra en buenas condiciones; la valoración nutricional y psicológica ha sido positiva. El niño no tiene ningún signo de maltrato físico, está estudiando, está afiliado a salud, y ha ido a controles médicos”.
De otro lado, la hijastra confirmó que sí se casó con Amaya cuando ella cumplió 18 años, pero no “voluntariamente”, como dicen los familiares del implicado: “La mamá de él es testigo de Jehová, entonces por darle gusto a ella quería salir a predicar. No podía hacerlo si no estaba casado. El buscó todos los papeles y me presionó para que me casara. Si no acepta, me dijo, a su hermano la va a pasar algo”. Sobre el segundo hijo que tuvo con Amaya, la hijastra explica que “fue otra violación de la que yo no había querido hablar porque el niño se murió por problemas cardiacos. Es un recuerdo muy lamentable como para que la familia de él diga que es “porque lo quiero ocultar”.
En los últimos dos días, los familiares de Amaya, quien se encuentra recluido en una URI de Bogotá, han salido a defenderlo y aseguran que las relaciones sexuales sostenidas con sus hijastras fueron consentidas. Al respecto, El Espectador recibió ayer un concepto del Ministerio de Salud, el cual recordó que el artículo 44 del Código Penal establece que todo niño, niña o adolescente menor de 14 años tiene protección reforzada y los actos sexuales abusivos con ellos son considerados delito, “por lo que no es relevante citar si la víctima accedió o no”.