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El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado le solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que tome una decisión rápida y efectiva sobre la designación de un juez para adelantar el proceso contra Laura Moreno y Jessy Quintero por su presunta participación y responsabilidad en la extraña muerte del joven Luis Andrés Colmenares Escobar.
Esto con el fin de que se garantice una pronta y cumplida justicia en este proceso judicial que ya cumple dos años y el cual se encuentra en una etapa fundamental puesto que se están definiendo, después de muchos debates, las pruebas documentales y testimoniales que serán tenidas en cuenta en este juicio.
Para la Procuraduría General es menester que se tomen decisiones oportunas frente a los llamados casos de connotación nacional, con el fin de evitar más traumatismos en la administración de justicia.
El jefe del órgano de control disciplinario dejó entrever su preocupación por el futuro de este caso ante la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de suprimir el juzgado 11 de ajunto que llevaba este complejo proceso.
Para el Ministerio Público, la terminación de la medida de descongestión adoptada para el juzgado 11 Penal del Circuito Adjunto genera un traumatismo para la administración de justicia, así como en los otros 305 procesos que allí se tramitan en detrimento de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la justicia.
Para el próximo 14 de agosto se tenía programada la audiencia en la cual se iba a definir la pertinencia de las pruebas solicitadas por las partes y las oposiciones a las mismas, además de los eventuales recursos que pudieran interponerse contra las mismas.
La preocupación de la Fiscal
Este viernes, igualmente, la fiscal sexta delegada ante la Corte Suprema, Martha Lucía Zamora mostró su preocupación ante la decisión de suprimir el juzgado que adelantaba este complejo caso.
“Dentro de dicho proceso se han presentado vicisitudes de marcada complejidad que han impedido que luego de aproximadamente 3 años de actividad procesal continua, a la fecha ni siquiera se haya podido iniciar la audiencia de juicio oral, traumatismos que se han originado en diversos factores y, aún por la dificultad misma de la investigación”, precisó.
Para Zamora con la decisión del Consejo Superior de la Judicatura la trascendental audiencia que estaba programada para el próximo 14 no se pueda celebrar y “la decisión que se ha esperado por 11 meses, no se podrá a adoptar y que se tenga que prolongar hasta que otro Despacho en cabeza de otro funcionario revise múltiples sesiones de audiencia y se fije la fecha para poder conocer la misma, situación que como se ha evidenciado, es altamente compleja”.
Por lo anteriormente expuesto, respetuosa y comedidamente le solicito que se adopten las medidas razonablemente diligentes, presupuestalmente posibles y administrativamente necesarias para efectos que se pueda conjurar esta situación causando el menor perjuicio posible para un proceso tan accidentado, complejo, mediático y prolongado, evitando así su dilación, en procura de los derechos de las procesadas al plazo razonable para la resolución de su situación jurídica, de las víctimas a la verdad, justicia y reparación y de la sociedad, en garantía de un verdadero acceso a la administración de justicia.
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