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Huyen de la pobreza, de las drogas, de las bandas delincuenciales, y la mayoría busca reunirse con sus padres que emigraron ilegalmente al país del Norte. Casi todos, jóvenes y adultos, son indocumentados. Esto ha generado un grave dolor de cabeza para la Casa Blanca, que no acierta a cómo actuar.
El tema no es menor. Para fin de año, se calcula que serán cien mil los jóvenes que lleguen, en especial cruzando la frontera con México. Habrán hecho un viaje que puede durar entre 10 y 20 días, pagando a un “coyote”, que los entra de manera ilegal, entre cinco y quince mil dólares. Toda una fortuna. Son tan desesperanzadoras sus condiciones de vida, que están dispuestos a jugarse el todo por el todo. Algunos nunca conseguirán su objetivo, pues pueden morir en el intento, víctimas de delincuentes que los secuestran a cambio de dinero o violan a las mujeres. Ya se han encontrado varias fosas en el desierto, a ambos lados de la frontera.
Cuando llegan a Estados Unidos suelen ser detenidos por las autoridades fronterizas y, dado que son menores de edad, son llevados a refugios habilitados para tal fin. Sin embargo, dado el “tsunami” registrado en los últimos meses y la falta de una legislación clara al respecto, han tenido que ser ubicados temporalmente en albergues improvisados. El tema está en la agenda de la Casa Blanca desde hace algunos meses. De hecho, en la reciente gira que llevó a cabo el vicepresidente Joe Biden por la región, hizo una parada para reunirse con algunos presidentes centroamericanos preocupados por la compleja situación que se presenta.
Infortunadamente el tema entró en el torbellino de la política interna. En pocos meses habrá elecciones para el Congreso y la derecha ha aprovechado para atacar al presidente Barack Obama. Justo en momentos en que la prometida reforma migratoria está en el limbo por el bloqueo de los republicanos. De un lado, la izquierda del Partido Demócrata le exige a su presidente que actúe con benevolencia y no deporte a los menores de edad, pues está condenándolos de antemano no sólo a estar apartados de sus padres, sino que si los devuelve a sus países de origen van a vivir situaciones de pobreza y delincuencia intolerables y de las cuales vienen huyendo. El Partido Republicano, por el otro, viendo la caída de Obama en las encuestas, espera asestarle el puntillazo al exigirle medidas drásticas con los indocumentados. Con esta bandera piensan ganar la mayoría en el Senado, dado que ya tienen la Cámara.
Así las cosas, el juego es demasiado complejo. El primer mandatario parece perder con cara y con sello. De ahí que trate de tomar medidas con sumo cuidado para que el daño sea el menor posible. Sabe bien que tienen una situación de crisis humanitaria entre las manos. De un lado, ha pedido cerca de 3.500 millones de dólares al Congreso para atender la crisis. Por otro, se ha anunciado que continuarán las deportaciones de jóvenes, al igual que de adultos. De momento existe una norma de hace unos dos años, según la cual se debe impedir la deportación de indocumentados menores de 31 años que llegaron a EE. UU. antes de junio de 2007 y siendo niños. Lo anterior para diferenciar a los niños llegados o nacidos allí con los que están desde hace siete años.
El papa Francisco terció en el problema al decir que “decenas de miles de niños viajan sin acompañantes para escapar de la pobreza y la violencia, persiguiendo una esperanza que la mayor parte de las veces resulta vana. Una urgencia humanitaria de este tipo exige como primera medida acoger y proteger como es debido a estos menores”. Tiene toda la razón. Ahora le corresponde a la Casa Blanca obrar con sapiencia, sin dejarse ganar la mano por parte de los xenófobos que azuzan el miedo y el odio contra los migrantes.