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La Unidad de Pensiones y Parafiscales (UGPP) ha revocado 1.542 actos administrativos que han terminado con la reliquidación de pensiones, que tenían como base información falsa aportada por los respectivos apoderados de los demandantes. Dice la UGPP que por este concepto se efectuaron pagos indebidos por más de $37.554 millones.
Dice la entidad encargada del manejo pensional en el Ministerio de Hacienda que el actuar correcto de una docente que manifestó no tener derecho a recibir la reliquidación de una pensión por un factor salarial que ella no devengó con un sobresueldo del 20%, permitió que la investigación para reliquidar pensiones.
Una revisión de las reliquidaciones de las pensiones, bajo la misma modalidad, revocara, respetando el debido proceso, los actos administrativos respectivos e instaurara las correspondientes denuncias ante las autoridades competentes, dice la Unidad de Pensiones y Parafiscales.
Con corte a marzo de 2019, la Unidad ha logrado recuperar $32.272 millones, es decir el 86% del total adeudado y continúa adelantando las gestiones respectivas para la recuperación total de los dineros. (Para leer: “Las megapensiones se acabaron”: Colpensiones).
Las personas involucradas en este fraude fueron denunciadas por la UGPP ante las autoridades, dice el informe de prensa.
“El proceder correcto de una docente que fue engañada por apoderados inescrupulosos y la acuciosidad de un funcionario que en la UGPP recibió las alertas, nos permitió detener este desangre a las finanzas del Sistema de la Protección Social”, destacó la directora de la UGPP, Gloria Inés Cortés Arango. (Contexto: Subsidios a las pensiones altas podrían estar en la mira de una reforma).
El propósito de estos procesos penales en los que la Unidad de Pensiones y Parafiscales interviene, es promover los reintegros a la nación de los dineros pagados mediante acciones fraudulentas de terceros, detener los pagos ilegales y proteger el patrimonio público del Estado colombiano, así como lograr la indemnización por los perjuicios causados.
El año pasado, seis personas, presuntas integrantes de una organización que, con la supuesta expedición de certificados médicos falsos y trámites ante Colpensiones y fondos privados lograban que tres multinacionales mineras obtuvieran niveles de incapacidad superiores al 50%, para que un grupo de trabajadores se jubilara, según información revelaa por la Fiscalía General. (De interés: Capturan a seis personas por supuesta defraudación al sistema de pensiones).
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