El nuevo testigo del carrusel de la contratación

Uno de los eslabones perdidos en la investigación que adelanta la Fiscalía sobre el contrato de $67.000 millones para la prestación de ambulancias en Bogotá y del cual, al parecer, se entregó el 9% para pagar comisiones, era el ingeniero Federico Gaviria. El pasado miércoles 24 de julio en horas de la noche la jueza 65 de garantías avaló el principio de oportunidad por el delito de interés indebido en la celebración de contratos que le había otorgado la Fiscalía para que contara cómo, supuestamente, se estructuró y direccionó la jugosa licitación del año 2009. El ingeniero recientemente aceptó cargos por el delito de cohecho en este mismo caso.

Gaviria había sido señalado por el testigo estelar del carrusel de la contratación en el Distrito, Emilio Tapia, como el hombre que fue el cerebro detrás de la estructuración de la licitación que se ganó el 30 de septiembre del 2009 la Unión Temporal (UT) Transporte Ambulatorio Bogotá, constituida por las firmas de construcción Suárez y Silva Ltda., JA Asociados S. A. y Transporte Ambulatorio Médico Ltda. Gaviria fue el hombre de confianza de José Antonio Luis Bonnet, representante legal de la UT, y con quien, según Tapia, amañó los pliegos de condiciones para favorecer a todos los implicados en el caso.

Entre las maniobras que, ha dicho la Fiscalía, se tejieron en la estructuración de este contrato quedó en evidencia que se modificaron condiciones como las experiencias que requerían los oferentes en la prestación del servicio de ambulancias y la capacidad técnica y de infraestructura, ya que la UT sólo contaba con ocho ambulancias y, además, dos de las empresas que la componían estaban dedicadas a la construcción. En otras palabras, se constató que dicho contrato se entregó a dedo.

Asimismo, el ente investigador descubrió que se lograron apropiar de $17.000 millones que estaban destinados al pago de la nómina de empleados. Según señaló la Fiscalía, la propuesta presentada por la UT establecía que el 50% del contrato se destinaría para cubrir sueldos que estaban pactados en $1.500.000. Sin embargo, se terminaron pagando desde salarios mínimos hasta $800.000.

A este proceso ya fueron vinculados formalmente el exsecretario de salud de la capital, Héctor Zambrano, quien está negociando una posible colaboración con la Fiscalía; el expresidente del concejo de Bogotá, Hipólito Moreno, quien aceptó cargos por este desfalco. Tanto Zambrano como Moreno, junto con funcionarios de la secretaría de Salud, habrían recibido $6.030 millones de pesos como comisión por haber incidido en el proceso licitatorio. Al parecer, Gaviria había sido el encargado de hacer efectivo este pago.

El principio de oportunidad del ingeniero, según manifestó su abogado, Luis Enrique Rojas, es una especie de ‘inmunidad’ que se le ofreció a su defendido con tal de que colabore con la Fiscalía para “esclarecer los hechos, orientar la investigación y establecer responsabilidades, ya que muchas personas –como Tapia e Hipólito Moreno– han dicho que Federico fue el cerebro de la operación, pero con documentos y pruebas hemos demostrado que en realidad ellos no eran los dueños del contrato y quienes tomaban las decisiones. Por eso él va a orientar a los fiscales”.

Según el abogado, “Gaviria solamente le colaboró a Bonnet que representaba a Transporte Ambulatorio Médico Ltda. que tenía el 30% del contrato total. Los que en realidad tomaban decisiones, ejecutaron y administraron el contrato fueron Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Juan Carlos Aldana (primo de Tapia) quienes representaban los interés de las empresas representaban el 60% del consorcio”.

El próximo 14 de agosto la Fiscalía imputara cargos y solicitará la medida de aseguramiento contra Bonnet, Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez, todos miembros de la UT que se ganó el jugoso contrato y jugó con la salud de los bogotanos y los recursos públicos. De Bonnet se sabe, sin embargo, que salió del país hace varias semanas. Con la ayuda de Gaviria pareciera que el cerco que ha logrado construir el ente investigador sobre el caso del contrato de ambulancias no tiene escapatoria. Por eso, muchos de los involucrados se han acercado a la Fiscalía en busca de preacuerdos y principios de oportunidad. Su obligación: contar todo lo que saben del cartel.

Para esta semana se pensaba que el tema del carrusel de contratos se iba a reactivar con la imputación de cargos contra los concejales Andrés Camacho casado y Orlando Parada. Sin embargo, amabas audiencias fueron aplazadas porque los cabildantes alegaron que no tenían abogados o habían renunciado a última hora. Al parecer, tanto Camacho como Parada pidieron la suspensión de las diligencias judiciales porque estarían negociando con la Fiscalía.