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Al considerar que los pobladores de Sardinata, Norte de Santander, se encontraban en situación de vulnerabilidad, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ordenó el traslado de la estación de policía que estaba ubicada en dicho municipio.
El alto tribunal resolvió a su favor la acción jurídica presentada por los habitantes que indicaban que han sido víctimas de ataques por parte de grupos alzados en armas.
En la acción se relataron una serie de ataques y hostigamientos de los que han sido víctimas por la cercanía que tenían con la estación de policía.
En este sentido indicó que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales como el de la dignidad humana, a la igualdad, la vida, a la integridad personal, al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la propiedad, y a la “libertad de locomoción”.
“(La Estación de Policía) no cuenta con los requisitos de seguridad y esto ha hecho que en los diferentes ataques resulte afectada la población civil”, indica uno de los apartes del fallo que recoge los argumentos de los pobladores.
La Corte aceptó los requerimentos planteados y ordenó la reubicación la Estación de Policía en un sitio de “Las Mercedes”, donde no constituya peligro para la vida y seguridad de la población en general, especialmente la infantil.
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