Discurso de odio

Tan inverosímil es que una persona se regodee en el dolor de otros seres humanos, como también que otros quieran enseñarle a golpes, en multitud, que así no deben ser las cosas. La segunda actitud es tan reprochable e irresponsable como la primera. ¿O es que ajusticiando a las malas a un ciudadano es que este va a aprender a no decir estupideces sin pensar? ¿Hay otra forma? Parecería que no. No se les ocurre. Unos días después de que el joven levantara sus comentarios, ya tenían circulando por las redes sociales la dirección de su casa para “ir a visitarlo”. ¡Por favor!

Que la sociedad reaccione así, sin embargo, en medio de todo este contrapunteo de odios característicos de nuestra cultura, es algo comprensible. La reacción desordenada de las emociones puede producir ese tipo de respuestas. Pero que sea el Estado mismo quien entre a terciar en esta pelea, ya raya con el ridículo. Así se nos antoja pensar de la acción que emprendió la Fiscalía General de la Nación, que le abrió investigación a Pérez por el dudoso delito de “hostigamiento por motivo de raza u origen nacional, étnico o cultural” consignado en el Código Penal.

Quiere esto decir, entonces, que lo que no pudo arreglar la sanción social lo hará ahora la cárcel, con todos los efectos perversos que pueda tener en el joven de aquí en adelante. Este es un debate en el que el Estado no debería meterse, mucho más allá de repudiar las frases desafortunadas. Que la persona aprenda de otra manera. Que lo multen, si es el caso. Que se le obligue a realizar actividades que reparen sus insultos o le sirvan de enseñanza. Que viaje, por ejemplo, lejos de su natal Ibagué hasta Fundación, para que entienda la situación que esta población vive y se compadezca de sus tragedias. ¿Pero que vaya a la cárcel? ¿Por, además, un delito que está previsto para proteger a poblaciones históricamente discriminadas? Nos luce exagerado.

Y si es que su conducta se puede considerar como racista, ya lo dijo con acierto el profesor César Rodríguez Garavito en las páginas de este diario hace unas semanas, refiriéndose al caso del racismo en las canchas de fútbol de Europa: “Ante una ofensa simbólica, respondieron (los futbolistas) con una sanción del mismo tipo, más eficaz que enviar a la cárcel al racista de turno”.

Revisando lo que el derecho a la libertad de expresión entraña, nos damos cuenta de que, en una interpretación muy liberal de él, un discurso de odio es permitido siempre y cuando la sociedad pueda refutarlo libremente y con contundencia. ¿No fue así?

Nos unimos, en consecuencia, desde este espacio: #RepudioContraJorgeAlejandroPerez. Pero sin cárcel y linchamiento físico. ¿O necesitamos más violencia en este país lleno de odio?