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Una medida inconveniente

Este diario conoció una orden impartida en el interior de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá el pasado 22 de enero.

13 de mayo de 2014 – 10:15 p. m.

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 Ella carga consigo el pecado original del cumplimiento irrestricto con base en castigos, asunto que en este país ha ocasionado, en otras dimensiones y contextos, sucesos nefastos que han rayado con la barbarie y están frescos aún en la memoria colectiva: el caso de los mal llamados “falsos positivos” es el más reciente. Algo muy similar, en su esencia, aunque con efectos distintos, genera esta nueva directriz. Veamos.

John Jairo Rodríguez, comandante de esa dependencia, dictaminó que los distintos grupos de trabajo, comandancias y móviles investigadoras deberán realizar, semanalmente, una captura por el delito de cohecho, conocido por la ciudadanía como soborno: esa conducta ciudadana, construida entre policías y ciudadanos a lo largo de los años, donde unos reciben la plata de los otros a cambio de no imponer una multa. Todos los lunes a las 8:00 de la mañana, los oficiales deberán enviar los resultados de sus operativos. ¿El castigo de no cumplir con la orden? Horario doble, horas de descanso nulas. Cosas así.

Este periódico publicó el domingo pasado el testimonio de un policía que ejemplificó de manera perfecta cómo es que esta clase de castigos mal puestos operan en la conducta humana, lista siempre a estirar la ley para cumplir un objetivo absurdo: uno de los grupos policiales castigados por no cumplir con lo exigido salió luego a provocar a los ciudadanos para que cometieran el delito. “¿Y cómo vamos a arreglar?”, decían. Cuando el ciudadano se disponía a configurar el cohecho, lo filmaban. Prueba reina dada, descanso concedido.

Nefasto que quienes son los destinados a hacer cumplir la ley sean quienes, sin ningún empacho, inciten al ciudadano a infringirla. Y luego lo castiguen por eso. Por fuera de toda lógica teórica. Pero esto es, justamente, lo que ocasiona, ya en el terreno de la práctica, una orden de este estilo, que exige resultados contantes y sonantes a cambio de no recibir un castigo.

Esto, a ojo de la Fiscalía, podría generar falsos operativos y ciudadanos convertidos en víctimas. ¿O no es lo que se logra aplicando la cultura del resultado irrestricto? Hacia allá vamos. Es cuestión de unos meses para que se destape ese nuevo futuro escándalo.

Resulta increíble, sobre todo, que esa política tenga cabida en el interior de la Fuerza Pública. Sorprende que luego de que el país entero presenció cómo miembros desviados de ella (y propulsados mayormente por los incentivos de los ascensos, viajes y premios) asesinaban civiles inocentes y los hacían pasar por guerrilleros, una petición similar, así sea solamente en filosofía, tenga cabida. El capitalismo salvaje trasladado a una política de seguridad. ¡Por favor! Hace falta tener dos dedos de frente para saber que una cuestión como estas no se resuelve con esa lógica.

Y si quieren resolverla, pues que se inventen otras fórmulas. Más creativas. Menos peligrosas en el mensaje que envían. La primera es la cero tolerancia a la conducta y la sanción social. Tanto por parte del ciudadano como del policía. Cambiar de raíz esa cultura ampliamente difundida en Colombia parte del rechazo. ¿Seremos capaces, entre todos, de castigar el soborno con contundencia? ¿Tendremos que plegarnos a las órdenes internas de la Policía que generarán, por supuesto, falsos operativos? ¿No estamos ya muy avanzados en este momento de la historia como para generar prácticas más sanas?

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