Culpar a la tutela

“Creo que esta es una oportunidad para que todos reflexionemos acerca de la regulación del ejercicio de los mecanismos de defensa judicial y del uso de la tutela. En este caso, su uso indiscriminado puede conducir a un escenario de inseguridad jurídica y puede conducir inclusive a un caos administrativo y político”, le oímos decir. Puede ser. Pero la tutela, ese mecanismo creado por la Constitución de 1991 que, como ningún otro existente en el ordenamiento, es fundamental para que exista un Estado de derecho como el nuestro, no puede ser sujeto de un cambio al vaivén de los intensos latidos políticos y la polarización que vivimos en este momento.

La tutela, con todo lo que pueda decirse de ella y su uso excesivo por parte de la ciudadanía, es una forma que permite la materialización de una justicia pronta y efectiva en casos, nada menos, que de vulneración de derechos fundamentales. Es la escalera que ha permitido muchos avances. Incontables, diríamos.

Si requiere o no un cambio es una cuestión que debe ser analizada con mucho más detalle que el rápido análisis del regreso de Petro. Claro que genera una especie de inseguridad jurídica: el hecho de que hayan sido radicadas 40 tutelas sobre los mismos hechos, más de la mitad hayan sido negadas y apenas una reconozca el derecho, pero que, por ella, el alcalde vuelva, es algo que deja pensando. Y esa incertidumbre bogotana, por obra en parte del mismo derecho constitucional, es también algo para pensar.

Pero ¿culpar al instrumento? Mucho más allá de los sesudos análisis que ya están hechos sobre la regulación que merece la tutela (reformar el decreto 2591 de 1991 para que los ciudadanos entiendan a qué tienen derecho, expedir leyes estatutarias sobre los derechos que más tutelas generan), cabe hacernos una pregunta, acaso fundamental: ¿no será que el Estado se abstiene muchas veces de cumplir con lo que le toca y por eso los ciudadanos lo demandan? Y para este caso particular: ¿no nos habríamos ahorrado todas estas acciones judiciales y, de paso, la posibilidad de reformar la tutela, si el presidente Juan Manuel Santos hubiera acatado desde el inicio las medidas cautelares que decretó la Comisión Interamericana, que era lo que indicaba profusa jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto? ¿Estaríamos en este limbo de no saber si tenemos alcalde o no? Seguramente no. Y, peor, ¿no podía un ciudadano cualquiera exigir que se cumplieran medidas que, según esos fallos de la Corte, son obligatorias?

Aquí están, entonces, los resultados. Por supuesto, si el mecanismo genera problemas por sí solo es necesaria una reforma. Un ajuste quirúrgico. Pero si el problema es, más bien, del Estado y su funcionamiento, pues deberíamos mirar hacia otro lado a ver qué cambiamos. Eso, al menos, dicta la lógica.