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La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el miércoles en la tarde una ley que entierra el programa de recolección de metadatos de llamadas telefónicas emprendido por la Agencia de Seguridad Nacional de ese país (NSA).
El programa de la NSA era ejecutado bajo el cobijo legal de una interpretación del Patriot Act, una pieza legislativa redactada justo después de los ataques contra las Torres Gemelas. Esta visión de la ley permitió que en su momento el presidente George W. Bush le diera la orden secreta a la agencia de comenzar a recolectar información sobre las llamadas telefónicas de millones de personas en este país con el objetivo de encontrar grupos terroristas.
La interpretación de la ley fue avalada por el tribunal que se encarga de revisar estas operaciones, conocido como FISA, y que sólo escucha los argumentos del gobierno. Jueces de esta corte han aprobado el programa en varias oportunidades, que se ha mantenido activo mediante intervalos de 90 días avalados por el tribunal.
El proyecto aprobado por la Cámara le pone un fin a la previsión del Patriot Act bajo la cual se cobijó el programa de la NSA. La votación fue de 338 representantes a favor y ocho en contra.
Sin embargo, el debate acerca del proyecto y los alcances de los programas de la NSA continuará en el Senado, en donde un pequeño grupo de legisladores republicanos se opone duramente a la iniciativa pues consideran que “no garantiza la seguridad ni protege la privacidad de los ciudadanos”.
El debate político llega tan sólo una semana después de que una corte federal de apelaciones considerara que la recolección masiva de metadatos telefónicos es ilegal. El fallo, sin embargo, no cobija las decisiones dela FISA.
La continuidad del programa tampoco está en manos del Congreso exclusivamente, pues la vigencia de la orden judicial que autoriza las acciones de la NSA (emitida por la corte FISA) se acaba el primero de junio de este año, lo que obligaría al gobierno a buscar una extensión del plazo. Pero es poco probable que la administración Obama siga este camino, ya que ha expresado su deseo de reformular este ámbito de la agencia de inteligencia.
Si el proyecto es validado una vez más, la decisión del tribunal FISA iría en contra del fallo emitido por la corte de apelaciones: esta segunda instancia no tiene poder sobre la primera, pero podría crear una suerte de choque de trenes legal, con interpretaciones radicalmente distintas acerca del alcance de una legislación forjada a la luz de los ataques del 11 de septiembre.