Un caso, un debate

Las críticas hacia su EPS, Sanitas, no se han hecho esperar. Sobre todo por cuenta de un trasplante de médula ósea que, al parecer, se tardó tres meses en se realizado y tuvo que contar con la influencia nada menos que del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para su ejecución. La EPS se ha defendido, como hemos sido testigos también, diciendo que el trasplante no se practicó por el grave estado de salud de la paciente. Puede ser.

Ella, sin embargo, de forma valiente y serena, sigue en pie pese a las adversidades, buscando una forma de salvarse. Ahí la oímos en W Radio exponiendo su caso y diciendo que si un oncólogo experto en el tema (probablemente de ese hospital en Pensilvania, aunque eso no quedó tan claro) certificaba que el estudio que hacían tenía al menos un “0,1% de probabilidad de éxito”, la EPS la tenía que mandar a Estados Unidos a recibir el tratamiento.

Y, por supuesto, ante las imágenes y la batalla enjundiosa de Camila por aferrarse a la vida, el apoyo a sus intenciones es general. Incluso sin preguntarse por lo que es un estudio clínico experimental ni cómo opera. Hay una posibilidad de vida y, aunque sea lejana, cualquiera haría lo que fuere por agotar hasta la última luz de esperanza. Y, claro, conociendo —como conocemos todos— las perversiones de nuestro sistema de salud, es relativamente sencillo culparlo de la tragedia, exigir que pague lo que haya que pagar y sentir que el tratamiento de estos casos particulares es problema de otros, no de todos nosotros.

La pregunta, que a la luz de un caso dramático y doloroso como el de Camila es acaso grosero plantear pero que cuando pensamos en la seguridad social de un Estado es indispensable hacerlo, es si es el servicio de salud el que debe, y puede, mantener vivas esas luces de esperanza en cada caso particular y hasta el límite máximo.

Tenemos nuestras dudas. Es evidente que la forma en la que los colombianos acceden a la salud debe reformarse para que ellos no se ahoguen en el marasmo de las burocracias y los clientelismos, sobre todo cuando están exigiendo un derecho. Pero, eliminadas esas variables, dudamos mucho que la respuesta de un Estado serio sea otorgar una respuesta positiva y sin límites para toda eventualidad. ¿A cuántos pacientes más habría que pagarles tratamientos similares? ¿Están dispuestos los colombianos a invertir de sus impuestos un rubro superior —e incierto en su monto— para la atención de este tipo de enfermedades?

Dejamos las preguntas sobre la mesa, para que sirvan como insumo a una discusión de mayor envergadura que, de hecho, está en estos momentos sobre la mesa de la Corte Constitucional en su revisión a la ley estatutaria de salud que, verbigracia, contempla la exclusión de los tratamientos en el exterior y de los tratamientos en fase de experimentación. Más allá de la tragedia de Camila Abuabara (que a todos nos llama a la solidaridad), el debate debe centrarse en la política pública y no en este caso particular. O el próximo. Ese es el camino correcto de la indignación social.