Cierran llave a construcciones en la Sabana

Lo mismo pasaría en proyectos similares de Soacha, Mosquera, Chía, Sopo, Cajicá, Cota, Madrid, Funza y Mosquera, todos municipios a los que abastece el Acueducto de la capital, a través de la venta de líquido en bloque: una modalidad que permite que el municipio pague por cierta cantidad de agua y la suministre a sus habitantes sin ninguna injerencia del Acueducto de Bogotá.

El modelo, que ha funcionado en las últimas décadas, no le parece conveniente al alcalde Gustavo Petro. Su explicación parte de que una de las prioridades de su administración será desestimular la expansión de la ciudad en la periferia y promover la redensificación en lo que ha denominado el centro ampliado. Para lograrlo, cerrará la llave a los nuevos proyectos de construcción.

Por eso, controlar la venta de agua en bloque en estos sitios es ahora una de las banderas del gerente del Acueducto, Diego Bravo. De pie frente a un mapa de Bogotá, Bravo explica por qué es tan determinante para la actual administración empezar a negar el agua para nuevas construcciones: “Hay un proceso de urbanización y de industrialización intenso y desordenado que en buena parte se está promoviendo debido al suministro de agua en bloque, porque así nos desentendemos y eso es completamente irresponsable”.

El anuncio tiene bastante preocupados a los alcaldes de la Sabana, pues señalan que la medida podría causar un grave impacto al desarrollo de sus municipios, como asegura el alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón: “Aquí hay 140 mil unidades de vivienda en proceso de construcción, y revertir el proceso podría tener graves consecuencias para el municipio. Hoy estamos en el limbo; no sabemos si vamos a tener agua”.

Sin embargo, Bravo aclara que no es cierto que los municipios vayan a quedarse sin agua: “Seguiremos prestando el servicio a las zonas urbanas siempre y cuando se haga con un manejo integral”, y explica que los municipios tendrán que abstenerse de llevar el agua a las construcciones que se hagan en las zonas rurales.

Otra cosa piensa Guillermo Valera, alcalde de Chía —uno de los municipios con mayores posibilidades para la construcción de ciudadelas campestres y complejos industriales—: “Nosotros compramos el agua en bloque y pagamos por ella, así es que somos nosotros quienes decidimos si suministramos o no el servicio y cómo se desarrolla el municipio, no el alcalde Gustavo Petro”.

Desde ya la decisión del alcalde de Bogotá promete ser un polvorín, y Bravo lo sabe, pero está dispuesto a defender contra viento y marea la iniciativa. Tanto así que a principios de este mes se negó a atender una orden de la Comisión de Regulación de Agua (CRA), que pedía a la empresa aumentar el suministro del líquido en bloque a los particulares para revender en el norte de la ciudad.

“Sabemos que en principio no va a ser fácil, pero estamos convencidos de que hay que empezar a controlar la forma en la que está creciendo la ciudad”. Según Bravo, cualquier nuevo desarrollo deberá ser autosuficiente en materia de provisión de servicios porque “si no tuvieran el agua que les está llevando Bogotá, no estarían construyendo. Esos megaproyectos por fuera del perímetro urbano no tienen ningún sentido ambiental, ni social ni fiscal y llegará el momento en el que tanto los constructores como los municipio lo entiendan así”.