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El contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, envió una advertencia fiscal al alcalde Gustavo Petro en donde deja en claro que el organismo de control no se opone a que se realice el concierto que se tiene programado de Paul Mccartney, ni ningún otro concierto por ahora; sin embargo, le solicita adoptar todas las medidas jurídicas, técnicas y administrativas para la realización del evento para evitar daños al patrimonio público y así poder contar a futuro con este escenario para eventos similares.
“Advertencia fiscal por el posible detrimento patrimonial en cuantía de $1.945.981.036 ante el riesgo que asume la administración de prestar el Estadio Nemesio Camacho El Campín para el concierto programado para el 19 de abril de 2012, sin contar de manera previa con las medidas administrativas, técnicas y jurídicas que blinden de forma efectiva los posibles daños que se causen por un uso inadecuado”.
Para la Contraloría Distrital las razones encontradas ameritan la advertencia fiscal, ya que durante el periodo 2006-2011, para la recuperación, mantenimiento y adecuación de la gramilla del estadio se invirtieron, de manera específica, la suma de $1.945.981.036, valor que podría constituirse en detrimento patrimonial de no adoptarse por parte de la administración distrital todas las medidas previas y pertinentes.
Para la Contraloría, resulta preocupante que la Administración Distrital haya dado vía libre al citado concierto sin contar para ello con los resultados técnicos que permitan evaluar los impactos que generen dichos espectáculos públicos de las artes escénicas sobre la gramilla del estadio.
Ardila Medina dijo que llama la atención que en el estudio presentado por la firma JARGU S.A. Corredores de Seguros al IDRD, el pasado 23 de marzo, bajo la referencia “Condiciones y medidas para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en los estadios Nemesio Camacho El Campín y Techo”, en el cuadro de tipificación del riesgo, el valor asegurado sugerido para la grama, asciende tan solo a la cuantía de $1.300 millones, pese a que la inversión real efectuada hasta la fecha es de $1.945.9 millones.
«El rango de calificación de riesgo es del 90 al 100%, con probabilidad y severidad altas, dejando por amparar aún la cifra de $645.9 millones», concluyó.