Plan de Desarrollo, al tablero

Muy a tono con la filosofía participativa con la que el alcalde quiere que la ciudad construya su nuevo Plan de Desarrollo, el cuarteto de economistas andinos —Gaviria junto a Ana María Ibáñez, Ricardo, Fernando Carriazo y Daniel Mejía— se dio a la tarea de plantearle al mandatario sus más inmediatas “preocupaciones”.

Fue un encuentro especial. Cuatro académicos adscritos a una universidad tradicionalmente liberal, relacionada con enfoques más técnicos y gerenciales a la hora de hablar de gestión pública, frente a la cúpula de una administración que se ha propuesto impulsar una nueva visión de ciudad, de línea progresista, más sintonizada con espacios académicos de la izquierda académica, como el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) o el Instituto de Estudios Urbanos (IEU), ambos de la Universidad Nacional, de donde viene buena parte del equipo económico y planificador de Petro.

Y sin embargo, no hubo sangre; el tono fue amable. No obstante, las críticas fueron duras y no del todo reconciliables.

La administración defendió su plan: una visión de ciudad que busca revertir la tradicional segregación, económica y espacial, que abre grandes brechas entre sus habitantes; una ciudad sensible al calentamiento global y que buscará ahora reordenarse en torno al agua, y una ciudad que busca incluir políticamente a sus habitantes. Para todo esto un plan de cuatro años que costará $58 billones ($20 billones más que el de la anterior administración).

¿Qué les preocupa a los economistas uniandinos? Según Gaviria, hay un desbalance entre la retórica del Plan y la capacidad real que tiene el Distrito de cumplir sus promesas. Según argumentó el decano de Economía uniandino y columnista de este diario, “el Plan de Desarrollo contiene metas ambiciosas, instrumentos precarios y argumentos retóricos”. En otras palabras, el alcalde no contaría con instrumentos de política pública para tan ambicioso plan.

En especial, tanto Ibáñez como Gaviria se mostraron preocupados por la estrategia con la que el alcalde espera incrementar el ingreso de los ciudadanos y así dinamizar la economía local y reducir la segregación. Gaviria aseguró que apoyar a las empresas populares puede ser altamente ineficiente y que la salida para Bogotá es el fomento de su competitividad a través de las medianas y grandes empresas. Ibáñez añadió que el alcalde no debía desestimar la necesidad de incentivar la inversión, tanto nacional como internacional, para que a través de proyectos de infraestructura se lograra “irrigar ingresos a la población” más pobre.

Petro se defendió. Aseguró que apoyará a las pequeñas empresas a través de “asociatividades”, para así hacerlas competitivas. Adicionalmente, aseguró que el Distrito sería capaz de dinamizar la economía local reduciendo el precio de la canasta básica que deben pagar los más pobres. Para esto, renegociará los contratos de Transmilenio y el Sistema Integrado, reducirá las tarifas de los servicios públicos (como ya pasó con la garantía de seis metros cúbicos de agua para estratos uno y dos) y abaratará los precios de los víveres reestructurando Corabastos.

“Tenemos que generar los hitos que nos permitan involucionar los procesos históricos de segregación urbana de la ciudad”, concluyó el mandatario.

¿Qué tanto fue esto una charla constructiva o simplemente dos monólogos paralelos que se respetan pero no se influencian? Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Especialmente porque el alcalde, obligado a una apretada agenda, llegó algo retrasado al encuentro y se levantó antes de tiempo, dejando poco espacio para llegar a conclusiones.