Solución jurídica

La democracia, en este caso, se representa en el poder judicial. Y si bien unas tutelas (de esas 800 que se presentaron para defender los derechos del alcalde y de los ciudadanos) fueron falladas en contra, hay tres que, a grandes rasgos, dejan provisionalmente sin piso la decisión del procurador Ordóñez.

Y así la Procuraduría hubiera pedido, en actitud amenazante al mejor estilo de una disputa callejera, que se negara la tutela porque “una decisión diferente traería consigo consecuencias desafortunadas para el funcionario judicial que la adopte”, la hubo adversa a su parecer. Que la respete, entonces. No todos en el Estado le temen, como tal vez el propio Ordóñez creía y soñaba. Y que no opte por estas salidas deplorables que en nada ayudan a este país. El alcalde Petro se queda en el Palacio de Liévano, señor procurador, no porque se le vino en gana y a la fuerza, sino porque un juez (tres en este caso) lo dijo en los puntos del resuelve de una sentencia.

Esto demuestra, también, que finalmente sí había dentro de nuestro propio sistema de derechos unos instrumentos válidos para, al menos, suspender provisionalmente un fallo que desató la controversia, no sólo jurídica, sino también política. Ni tan acorralado estaba el alcalde como pensábamos y como él insistía en sus repetidos discursos vestido de mártir.

¿Qué dijeron estos jueces? Básicamente buscan proteger los derechos fundamentales de elegir y ser elegido, del control político y del debido proceso. Entre los tres dijeron, en esencia, eso. Y dejan en manos del Consejo de Estado, el órgano a sus ojos competente, la disolución de esta controversia jurídica. Finalmente, como tienden a coincidir todos los expertos, y por el camino que dicta la lógica, en manos de la Corte Constitucional, órgano de cierre en esta materia, terminará el asunto.

¿Qué le espera entonces al alcalde Petro? Pues se queda en el poder mientras todos estos términos procesales y sus correspondientes trámites tienen desarrollo. Lo positivo, por supuesto, es que es el derecho el que se encargará de darle un punto final a todo este debate que se abrió hace un tiempo y que tiene sumida a Colombia, sobre todo a su capital, en una esquizofrenia probablemente sin precedentes.

Y será el derecho más que la política: por más que la revocatoria de mandato tenga cabida, y por más que los ciudadanos lo refrenden, el futuro del alcalde Petro se definirá por un fallo judicial y su consecuente acatamiento. El laberinto en el que está sumergido el alcalde sabrá dar una salida única. Una cosa es cierta: que los ciudadanos digan que sí quieren a Petro como mandatario será un hecho político al que difícilmente un juez podrá ponerle freno. Lo cual deja de presente, otra vez, la necesidad de pensar en una modificación a los poderes de la Procuraduría y sus procesos disciplinarios, menos garantistas que los de un juez penal.

El alcalde Petro se queda provisionalmente. No sobra recordarle que, mientras los meses pasan, lo que al final esperan adeptos y contradictores es que se dedique a gobernar la ciudad, que mucha acción necesita.