¿Y quién financia la reparación?

En la edición de ayer de este diario, la alta consejera distrital para el tema de víctimas, Ana Teresa Bernal, reveló que Petro piensa presentar al Concejo una propuesta de modernización tributaria que, incrementando el recaudo de recursos, le permita conseguir $800 mil millones para la implementación de la Ley de Víctimas. La idea, según la funcionaria, es que la mayor parte de los dineros provengan de los estratos más altos de la ciudad y respondan a un pacto ciudadano y político por las víctimas del conflicto armado.

Si bien el Concejo no está facultado para crear nuevos impuestos, sí puede reformar los que ya existen y aumentar su carga tributaria. Por eso, de inmediato reaccionaron concejales como Darío Fernando Cepeda, presidente de la corporación, quien, aunque se mostró dispuesto a hacer parte de un gran pacto por las víctimas, manifestó que se trata de un problema en el que la ciudad necesita de la ayuda del Gobierno.

Cepeda agregó que la carga tributaria no puede ir con destinación específica y que, cuando se reunió con el alcalde para concertar una agenda común entre Alcaldía y Concejo, se habló de una modernización tributaria, “pero para buscar recursos para la malla vial y la construcción de colegios y jardines infantiles. Nunca se habló de las víctimas”.

El Plan de Desarrollo que el alcalde mayor presentará este mes a consideración del Concejo, y que marca su hoja de ruta durante los próximos cuatro años, costará $58 billones. Como los recursos corrientes del Distrito no alcanzan para financiarlo todo, la administración tendrá que recurrir a la modernización tributaria y a un cupo de endeudamiento.

Acaso por lo anterior, el concejal Antonio Sanguino le pide al alcalde tener en cuenta que la misma Ley de Víctimas establece que la inversión para garantizarles salud, educación y agua potable a las víctimas debe salir de recursos con cargo al Sistema General de Participación. Es decir, con cargo a las transferencias de la Nación. “Es saludable que la ciudad haga un esfuerzo tributario por las víctimas, pero sin excederse. Además, los primeros que tendrían que reparar a los afectados deberían ser sus victimarios”, dijo Sanguino.

Las opiniones no parecen ser distintas entre las personas que terminarían asumiendo la nueva carga tributaria que propone Petro: los ciudadanos de estratos altos. El empresario Arturo Calle dijo, por ejemplo, que “los problemas del conflicto no los ha creado la clase trabajadora” y por tanto no es justo aumentarles los tributos a los empresarios. “Estamos agobiados de impuestos. Los estratos más altos son los que más pagan y los que menos evaden. Más bien, el Estado tendría que empezar por administrar mejor sus recursos”.

En el mismo sentido, Andrés Ortiz, vicepresidente de la comisionista de bolsa Global Security, calificó el anuncio de Petro como “acelerado y populista” y pidió al Distrito que más bien trate de lograr una mejor distribución de sus ingresos.

El alcalde, no obstante, está convencido de que la ciudad deberá hacer su mejor esfuerzo para impulsar la Ley de Víctimas, cuya implementación corre por cuenta de los entes territoriales con el apoyo del Gobierno. Petro le ha dicho a sus funcionarios que por ningún motivo quitará recursos de los proyectos sociales de los menos favorecidos para dárselos a las víctimas. “Los pobres no pueden financiar a los que también son pobres”.

A través de su cuenta en Twitter, el mandatario dejó en claro que la fuente de financiación de la reparación serán las clases más altas de la ciudad, “a menos que la Nación aumente las transferencias, tema que no hemos escuchado”.

La carga tributaria que aumentaría si el Concejo apoya la idea del pacto por las víctimas sería la tasa del impuesto predial. “Esta es una oportunidad para que los partidos que aprobaron la ley en el Congreso la apliquen ahora, vía Concejo, en Bogotá”, añadió en otro trino el mandatario.

El debate acerca de quién y cómo se financia la reparación de las víctimas en Colombia está abierto. Una voz autorizada que habla desde la orilla de los afectados es la de Lilia Solano, exdirectora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y cofundadora de Colombianos por la Paz. Solano le dijo a este diario que está de acuerdo en que una parte de los recursos provengan de los tributos de las clases más favorecidas. “Pero el Estado también tiene que buscar dineros en otros lados. Por ejemplo, habría que evaluar el gasto militar tan alto que estamos teniendo para invertirlo en la guerra, y también mirar hacia la comunidad internacional”.

La concejal liberal María Victoria Vargas enciende otra luz: “Por ahora, sólo queda esperar a que el alcalde pase del anuncio a los hechos y presente la modernización tributaria”. Modernización tributaria que, en al menos dos ocasiones, el exalcalde Samuel Moreno propuso y fue hundida.