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Belisario García, vocero de las familias que fueron desalojadas de la los habitantes de la Hacienda Los Molinos indicó que recibieron satisfacción pero también con cierto temor el fallo emitido por la Corte Constitucional que le ordena a la Alcaldía de Bogotá su reubicación en un plazo de seis meses.
García indicó que ellos fueron engañados por la banda conocida como ‘Los Tierreros’ quienes les vendieron dichos terrenos privados por medio de papeles falsos y aprovechándose de la necesidad de ellos de tener un hogar.
“El terreno fue básicamente una estafa que se le hizo a unas familias en el sur de Bogotá”, indicó este hombre al momento en que se notificaba del fallo judicial en el que además se solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría General investigar “las conductas punibles de las personas que propiciaron la firma de los llamados contratos de cesión de derechos de posesión”.
García rechazó las acusaciones que se han hecho en contra de las 160 familias que fueron desalojados por las autoridades distritales indicando que en ningún momento invadieron ese terreno ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe en el sur de la capital de la República.
"Ahora pues la inspección 18 E de la Rafael Uribe Uribe vino tumbo las casas y vulneró los derechos de las personas sin antes preguntar qué era lo que había pasado", indicó al manifestar que con esta acción se les violó el derecho al debido proceso y a la vivienda digna.
Para los habitantes de ese sector la reubicación es casi una bendición puesto que hay personas que están viviendo “muy mal porque están entre latas y cartones” con sus niños y con personas mayores de edad.
“Pero en cambio las otras familias que han invertido mucho más dinero que se ven más vulnerados estaban pidiendo una legalización del predio", aclaró al considerar las autoridades deben velar para la protección de los ciudadanos.
"La gente ha estado pendiente de volver a tomar el terreno, porque se considera que si el terreno fue comprado legalmente entonces es propiedad de la gente ha intentado nuevamente tomar el terreno, por lo que si no hay solución en seis meses la gente vuelve a tomarse el terreno o intentar reconstruir sus casas", explicó.
En el fallo de 145 páginas se señala que en junio las entidades encargadas del Distrito deben realizar las tareas de la reubicación, “si no se efectúan las adjudicaciones sobe los mismos terrenos, se deberá reiniciar el desalojo, en todo caso de manera pacífica con ceñimiento al debido proceso, que incluye el derecho de los ocupantes y el acatamiento de las directrices internacionales”.
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