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La Red de Veedurías ciudadanas radicó ante un juez administrativo de Bogotá una nueva acción popular con la que se busca la suspensión inmediata del cobro de los valorización en la capital del país.
En la acción jurídica se indica que el cobro impuesto vulnera los principios de legalidad puesto que la mayoría de las obras no se han efectuado completamente.
El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos indicó que la valorización “presenta graves vicios” puesto que se han registrado cobros exagerados e injustificados a la población.
Para Bustos es menester recordar que mucho de los recursos de valorización se perdieron en el llamado ‘carrusel de la contratación’ y “sobre todo no se ha indemnizado a la ciudadanía por cuenta del daño que le generó su tranquilidad, productividad, movilidad medio ambiente y calidad de vida en la ciudad a los capitalinos”.
La acción jurídica fue dirigida en contra de la Alcaldía de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Concejo de Bogotá para que se analice la revocatoria de dicho cobro “y contener el grave problema que se da frente a las masivas quejas que hay que no pueden ser solucionadas en el corto plazo, la poca información que hay frente a los recursos legales que caben frente a esa determinación”.
“(Las) obras no se efectuaron, muchos recursos se distrajeron para otros propósitos incluida la corrupción campante, y a su vez para otros propósitos también se hicieron estudios que no sirvieron para nada inclusive las obras fueron canceladas, o los diseños fueron modificados por cuenta de la deficiencia de recursos que ha dado claramente como muestra de la pérdida de cerca más de 100 mil millones de pesos y más de 150 investigaciones con hallazgos fiscales y administrativo por cuenta de la contraloría distrital”, indicó.
La organización indicó que las localidades más afectadas con los sobrecostos son Bosa, Usaquén y Kennedy.
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