Financiar universidades con ingresos de egresados: ¿“Ser pilo pagando”?

Durante las dos últimas semanas, las masivas marchas de los estudiantes de las universidades públicas han inundado las principales ciudades del país con una gran preocupación por el futuro del financiamiento de la educación superior pública. Las razones han sido explicadas una y otra vez, los recursos para la universidad pública crecen con el costo de la canasta familiar (IPC), pero las necesidades de la educación superior han crecido a un ritmo mayor, pues se ha logrado aumentar cobertura, programas y cualificación de los profesores. De hecho, las principales universidades públicas del país siguen quedando bien posicionadas en los rankings, a pesar de las crecientes dificultades presupuestales de las últimas tres décadas.

Ante el difícil escenario para el financiamiento, se empiezan a debatir mecanismos adicionales para financiar uno de los máximos bienes de la nación: sus universidades. Uno de estos mecanismos es lo que se conoce como Financiación Contingente al Ingreso (FCI), un esquema financiero en el que el estudiante una vez graduado devuelve el valor de sus estudios, pero a diferencia de un crédito estudiantil tradicional las cuotas se fijan a partir de un porcentaje definido sobre su ingreso por un período de tiempo previamente acordado. Por lo tanto, la cuota será un valor que pueda cambiar (subir o bajar) en el tiempo según la situación laboral del futuro egresado y sus ingresos.

Inicialmente suena interesante, pero puede ser una peligrosa tentación que lleve al utópico camino de la autofinanciación con calidad. El tema ha empezado a resonar en el debate público en voces de diferentes espectros: desde el profesor Jorge Iván González, que defiende la FCI con condiciones flexibles de condonación y posibles pagos parciales de los estudios universitarios, hasta las posiciones de la senadora Paloma Valencia, que propone que los egresados del sistema educativo público contribuyan con el 20 % de su salario para financiar a las futuras generaciones.

Vale la pena aclarar que estas propuestas no son nuevas. Para el caso colombiano, el historiador y profesor Eduardo Sáenz Rovner menciona en una de sus investigaciones que en Colombia ya había resonado el tema en los años 70 cuando, en el gobierno de Alfonso López Michelsen, la ministra de Comunicaciones de la época, Sara Ordóñez, propuso un impuesto especial a los egresados de la universidad pública, en un ambiente de tensiones políticas partidistas, para buscar la autofinanciación.

Para el caso de otros países como Australia, Inglaterra o Estados Unidos también existen modelos similares de FCI: el Income Based Repayment (IBR). Incluso actores financieros privados invierten en educación superior en lo que hoy se llaman contratos de capital humano, un derivado financiero en el que el activo subyacente es el estudiante y la rentabilidad de este contrato (título financiero) depende de los ingresos futuros del estudiante al terminar su carrera. Así como se titularizan y se empaquetan créditos hipotecarios que desataron la crisis financiera de 2008, hoy se asiste al uso de instrumentos derivados de la educación superior.

Existen muchas dudas respecto a la FCI, pues finalmente es una apuesta por promover el financiamiento de la demanda (del estudiante) en detrimento del financiamiento de la oferta (de educación), que es donde se encuentran las universidades públicas. Este método plantea una cara más flexible que el crédito y unas aparentes promesas de éxito, pero no por esto se puede olvidar que en materia financiera no sabemos todo sobre el futuro y allí aparecen los riesgos. Por ejemplo, hace tres décadas se pensaba que el crédito estudiantil era el mejor camino y que, en promedio, se pagaría en diez años. Hoy lo que muestran los estudios más recientes, como el de la investigadora norteamericana Erin Dunlop Vélez, es que para el caso de Estados Unidos solo la mitad de los estudiantes que empezaron sus estudios entre 1995 y 1996 habían pagado toda su deuda en 2016, es decir 20 años después se siguen pagando los créditos estudiantiles, incluso el hijo de una persona podría empezar la universidad sin que sus padres hayan terminado de pagarla. Vale la pena recordar que en Estados Unidos la gran burbuja de crédito estudiantil creció entre 2007 y finales de 2017. La deuda por pagar en préstamos estudiantiles en ese país creció de US$545.000 millones a US$1,47 billones; un crecimiento superior al 100 %.

Para el caso de la FCI, según cálculos del economista Diego Cortés, de la Universidad Nacional, el promedio de ingreso de cerca del 42 % de los egresados de la educación superior rondaba una cifra de $1’606.361. Entonces, bajo un esquema de FCI con una tasa de contribución del ingreso del 10,6 %, una persona tardaría 44 años en pagar su educación. En un escenario más optimista, tomando el ingreso promedio del 20 % de los profesionales, que es cercano a $3’209.566, una persona con una contribución del 15 % de su salario tardaría en pagar 16 años su educación.

Estos cálculos están hechos para un escenario en donde una carrera de diez semestres cuesta un promedio de $9 millones por semestre, pero hoy sabemos que la educación privada de calidad supera con creces esa cifra. De hecho, la idea de que con la FCI se suaviza el crédito puede terminar jugando en contra, pues en largos períodos las tasas de interés pueden terminar siendo mayores.

Estos escenarios de deuda para toda la vida son complejos y más cuando en nuestros tiempos la flexibilidad laboral y los cambios en el mundo del trabajo hacen que una persona cambie de empleo muchas veces en la vida y las condiciones de estabilidad ya no sean las mismas del capitalismo industrial del siglo anterior. Incluso las oportunidades de educación con posgrado o la capacidad de consumo se pueden ver limitadas si una parte del ingreso debe reponer el costo de la carrera en un horizonte de largo plazo.

En términos legislativos ya hay una semilla para la FCI: la Ley 1911 de 2018, que dejó sancionada el gobierno anterior y que crea la “contribución solidaria a la educación superior”. De hecho, se prevé una primera tanda de “créditos contingentes al ingreso” desde el Icetex para el 2019. Esta ley dejó abierta una peligrosa puerta y es que el financiamiento no solo se dará para instituciones con alta calidad sino para cualquier institución de educación superior con reconocimiento oficial, abriendo la puerta a financiamientos de largo plazo en educación de dudosa calidad. De esta manera es muy probable que la siguiente generación de Ser Pilo Paga entre a “Ser Pilo Pagando” con FCI.

Caer en la tentación de este tipo de mecanismo como opción de financiamiento para la educación superior pública no es más que la continuación de la ilusión de la autofinanciación, con las consecuencias que esto acarrea. El tema de la financiación a la oferta de calidad es un deber de los Estados con el derecho fundamental a la educación. Hoy entre las universidades del top 10 de la región están importantes universidades con financiamiento a la oferta como la UNAM, la Universidad de São Paulo o la Universidad de Buenos Aires. México, Brasil o Argentina, a pesar de sus profundas crisis fiscales en las últimas décadas, han mantenido educación publica de calidad e incluso gratuidad. Cuando un derecho entra en las lógicas mercantiles y financieras, sus posibilidades de realización se ven coaccionadas; ya lo hemos visto en la salud.

Hoy miles de jóvenes colombianos son migrantes académicos en toda Latinoamérica (México, Brasil y Argentina), porque acá no pueden pagar las altas matrículas y el derecho a la educación es vulnerado. Al final, la idea de que no hay recursos o que la presión tributaria es insuficiente se puede repensar: hay que evaluar la distribución de las regalías. Además, en la nueva reforma tributaria se pueden buscar nuevos recursos para la educación superior. Si hubo un impuesto a la riqueza para financiar la guerra, por qué no buscar nuevamente allí para financiar el derecho a la educación superior y alejarnos de las tentaciones de la sofisticación financiera y la autofinanciación. Finalmente es una decisión de voluntad política y los mecanismos de financiación contingente son una peligrosa tentación.

*Profesor de la Escuela de Economía, Universidad Nacional de Colombia.