Piden investigar a gerente del Acueducto por alquiler de compactadores

El motivo de esta acción judicial se centra en las presuntas irregularidades que habrían rodeado la adquisición y arrendamiento de los vehículos compactadores para la recolección de basura dentro del nuevo modelo cuya implementación inició el pasado 18 de diciembre.

En la denuncia se indica que es menester iniciar la investigación penal, disciplinaria y de responsabilidad fiscal con el fin de establecer si se presentaron anomalías “en la planeación, y contratación de parque automotor para la prestación del servicio público de recolección de basuras en la ciudad”.

En la acción de 13 páginas dirigida al fiscal General, Eduardo Montealegre; el procurador General, Alejandro Ordóñez; y la contralora General, Sandra Morelli se argumenta que después de analizar una serie de documentos contractuales “se evidencian” las fallas en los procesos de contratación, planeación y un detrimento patrimonial con la adquisición de dichos vehículos “usados y viejos”.

Para la Red de Veedurías con estos convenios se violaron los requisitos de contratación pública, como los de economía, transparencia, responsabilidad, publicidad, legalidad, así como a los fines esenciales cuales son la “continua, eficiente prestación de los servicios públicos, y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”.

En la justificación de la demanda se indica que la empresa Corpoaseo Total, presentó una oferta según la cual se compraría una flotilla de 160 camiones usados procedentes de los Estados Unidos por 15 dólares cada uno.

Pero a los cuatro meses la oferta fue cambiada por una que indicaba que el alquiler mensual de cada es de 25 millones de pesos. “La propuesta de alquiler resultaba tan lesiva al erario que en dos meses de canon se pagaba el precio total de compra de los camiones. Sin lugar a dudas existió un evidente detrimento patrimonial para el erario y la vulneración de los principios y fines del manejo de recursos colectivos”.

En este sentido, según las cuentas de la Red de Veedurías Ciudadanas, el detrimento patrimonial supera los siete mil millones de pesos, puesto que no se eligió, como se debe hacer, la propuesta más completa y económica con el fin de proteger los recursos públicos.

“Eso fue una estampida para disimular el gran saqueo al erario y el direccionamiento de un proceso contractual altamente lesivo para la ciudad”, agrega.

En la denuncia se señalan los nombres de Oscar Salazar Franco, representante legal de Corpo-Aseo Total; Jorge Rojas; secretario privado de la Alcaldía de Bogotá, Mario Álvarez; gerente de Aguas de Bogotá; Juan Carlos Garzón, jefe de operaciones de Aguas Bogotá, y Gabriel Parra, asesor del Secretario Privado de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Por estos hechos, según indica la demanda, estos funcionarios y contratistas podrían ser investigados por los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, concierto para delinquir, falsedad ideológica entre otros.