El peligroso camino del retorno

Al tiempo que la ONG norteamericana Human Rights Watch (HRW) revelaba un completo informe sobre los peligros que penden sobre quienes han accedido a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras —que incluyen asesinatos de líderes, amenazas contra reclamantes y nuevos desplazamientos—, a los escritorios del presidente Juan Manuel Santos, del vicepresidente Angelino Garzón y de todos los jefes de los órganos de control llegaba una misiva de activistas de restitución de tierras de Urabá. En ella denuncian las presiones de que han sido objeto por parte de los ocupantes de algunos de los terrenos que el Estado ya restituyó jurídicamente a sus legítimos dueños.

Es el caso que, según HRW, han venido sufriendo cientos de familias reclamantes a partir de junio de 2011, cuando el jefe de Estado promulgó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la promesa de que les iban a devolver esos predios arrebatados por los violentos a los campesinos despojados. Año y medio después, las cifras son aterradoras: 21 reclamantes asesinados, 500 líderes amenazados y 30 familias han tenido que desplazarse nuevamente por sus acciones en favor de retornar a sus tierras.

Pero sin duda, más allá de las dramáticas estadísticas, lo que preocupa a HRW es la flagrante impunidad en los asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados que han padecido los líderes reclamantes y sus familias. El informe está escrito con letras de sangre y lágrimas de los labriegos que creyeron que la ley los defendería. Es el caso de Liliana Rivera*, a quien por reclamar su tierra en el Cesar le asesinaron a su esposo y un hijo, o el triste desenlace de la historia de lucha de Éver Cordero, líder de Valencia (Córdoba), asesinado el 10 de abril de 2013, a pocas horas de que el presidente Santos llegara a la región para entregar los títulos de la emblemática hacienda Santa Paula, que alguna vez el ‘Clan Castaño’ quitó a los campesinos. Dos semanas después, Ermes Vidal, compañero de lucha de Cordero, corrió la misma suerte.

Ya habían sido asesinados, el 28 de marzo de 2012, Manuel Ruiz y su hijo Samir, en el territorio colectivo de Curvaradó, bajo Atrato chocoano. El listado es enorme. Si HRW logró documentar 21 asesinatos, los registros oficiales son más escalofriantes. La Defensoría del Pueblo sostiene que entre 2006 y 2011 fueron reportados 71 reclamantes acribillados. La Fiscalía General de la Nación reportó que investiga 49 homicidios de líderes de tierras desde el año 2000. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional dicen tener información sobre 45 líderes asesinados entre 2002 y 2011.

Igual o más grave es el panorama de quienes han recibido amenazas de muerte por insistir en reclamar sus tierras. Los registros oficiales dan cuenta de que desde que se promulgó la ley, cerca de 500 reclamantes de restitución han sido intimidados para que desistan de recuperar sus fincas. La ONG estadounidense registró 80 casos de serias amenazas contra reclamantes y defensores. De igual forma, el sistema de protección de personas ha determinado que 360 líderes se encuentran en grave riesgo. “Los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas contra reclamantes de tierras desplazados y sus líderes”, señaló José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

Y es que una de las recomendaciones de la ONG de derechos humanos es acelerar los procesos de justicia, tanto en los casos de crímenes contra reclamantes y abogados de líderes de restitución, como en los casos de amenazas y desplazamientos forzados. “En Colombia, intentar recuperar su tierra, a menudo implica asumir riesgos y vivir atemorizados, mientras que quienes obligan a los campesinos a desplazarse, se apropian de sus tierras y los matan por exigir sus derechos, prácticamente nunca tienen que rendir cuentas ante la justicia”, refirió Vivanco.

Los casos más graves de violencia contra reclamantes se han presentado en Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, territorios que por lo general sufren la presencia de grupos neoparamilitares. Los Urabeños, las Águilas Negras, los Ejércitos Antirrestitución de Tierras y las guerrillas son los principales responsables de los peligros que sufren quienes se han atrevido a revertir la constante histórica en Colombia: que la tierra es para los armados y sus cómplices.

En el informe de Human Rights Watch, que consta de más de 200 páginas construidas con trabajo de campo durante año y medio y a través de entrevistas a cerca de 200 reclamantes, figuran como responsables de la violencia los nuevos paramilitares, las guerrillas y los ocupantes de las tierras despojadas. Una dramática radiografía que muestra en detalle el peligroso camino del retorno a la tierra prometida.

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@alfredomolanoji