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El Consejo de Estado emitió una condena en contra del Ministerio de Educación, al Departamento de Antioquia y al Municipio de Medellín por los hechos que rodearon la muerte de un menor de edad en una institución educativa en la capital de Antioquia.
Los hechos se presentaron el 16 de noviembre de 1994 en el Liceo Marco Fidel Suárez de Medellín, cuando dos hombres encapuchados entraron al colegio y amenazaron a la profesora que estaba a cargo del curso donde se encontraba el menor.
En la acción una de las armas de los asaltantes se disparó causándole la muerte inmediata al menor de edad.
El tribunal de lo contencioso administrativo encontró «que el joven estaba bajo la responsabilidad y cuidado de un centro educativo del orden nacional» por lo que el Estado es legalmente responsable de este hecho.
En este sentido se considera que el Instituto tenía a cargo la vigilancia, cuidado y seguridad de los estudiantes, especialmente de los que se encontraban dentro de sus instalaciones.
«En efecto, ese deber de custodia se desprende de la relación de subordinación existente entre los docentes y los alumnos», aclara el fallo de la sección tercera del Consejo de Estado.
El alto tribunal consideró que no hay duda de la situación de inseguridad, zozobra y peligro que vivían los estudiantes en la institución educativa previo a la ocurrencia de los hechos basándose en los testimonios entregados por personas que trabajaban en el mismo plantel.
“Lo que para la Sala es demostrativo de la obligación que tenía el liceo de extremar las medidas de seguridad y protección en el plantel a efectos de controlar y/o evitar daños en las personas que estaban bajo su cuidado” explica el fallo.
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