Procuraduría sancionó a funcionarios del MinInterior por fallas en construcción de cárceles

En este sentido se indicó que el convenio firmado entre el Ministerio del Interior y Justicia con el Fonade en el año 2005 para la construcción y dotación de infraestructura penitenciaria y carcelaria del orden nacional de Medellín, Puerto Triunfo, Jamundí, Acacías, Ibagué, Florencia, Guaduas, La Picota (Bogotá), Yopal y Cúcuta presentaron atrasos significativos.

“Para garantizar la adecuada ejecución del citado convenio, se constituyó un comité operativo integrado por representantes del Ministerio del Interior y Justicia y Fonade, quienes no cumplieron con la máxima diligencia y eficiencia las funciones asignadas”, precisa uno de los apartas de la decisión.

Ante estas irregularidades, la Procuraduría General sancionó a tres de los integrantes del citado comité, funcionarios públicos, fueron sancionados con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos y con multa e inhabilidad para ejercer funciones públicas.

Dentro de la determinación disciplinaria también se destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos al supervisor del citado convenio al considerar que omitió sus funciones de vigilancia y control en la ejecución de dichos multimillonarios convenios.

“Se advirtió que el comité no garantizó que los trámites que demandaban los proyectos se adelantaran con austeridad de tiempo, medios y gastos y se evitaran las dilaciones y los retardos que se presentaron en la construcción. Igualmente, no aseguraron el cumplimiento del objetivo contratado (…) dentro de los plazos inicialmente previstos y con los recursos asignados en el marco de la estrategia de expansión de la oferta de cupos penitenciarios y carcelarios”, se precisa en el fallo de primera instancia.

La falta disciplinaria fue calificada definitivamente como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental en la ejecución de los contratos. “Los disciplinables adoptaron una postura laxa, que en su afán conciliador y persuasivo con los ejecutores de los proyectos (consultores, constructores e interventores)”.

Estas falencias llevaron a que en 2009 se declarara la caducidad de los contratos celebrados, lo cual presentó una seria afectación en las finanzas del Estado, indicado que con su actuación se puso en riesgo “la economía, eficiencia, eficacia y celeridad que rige la actividad administrativa, generando un desapego y aislamiento en la consecución de los fines del Estado”.

“La conducta de los implicados incidió sustancialmente en la no obtención de un resultado esperado en el cual estaban cifradas las necesidades de la población carcelaria, de ahí que para el 2009, ninguno de los establecimientos estaba operando y no fue asignado ningún cupo, por ello se demandaba que durante los años 2007 y 2008 ejercieran con mayor ahínco sus funciones, pues dilatar soluciones que pudieron prever y advertir una vez conocidas las fallas extendió en el tiempo la efectividad de una política, que aun pende por su real materialización”, se indica.

El fallo disciplinario

Gerardo Antonio Zúñiga Sánchez, secretario general del Ministerio del Interior y Justicia entre el 14 de septiembre de 2006 y 22 de julio de 2008, en su condición de miembro del comité operativo por parte del citado Ministerio, a partir del 27 de marzo de 2007 hasta el 11 de junio de 2008, con destitución e inhabilidad general por 13 años.

Ricardo Enrique Zerrate Sánchez, director técnico de la planta global de la Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior y Justicia entre el 24 de enero de 2007 y el 26 de enero de 2009, en su calidad de miembro del comité operativo por parte del citado Ministerio, a partir de 6 de febrero de 2007 hasta el 27 de enero de 2009, con destitución e inhabilidad general por 11 años.

Alberto Cardona Botero, subgerente técnico vinculado al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo de Fonade desde el 30 de enero de 2007, en su calidad de miembro del comité operativo por parte de Fonade desde el 13 de febrero hasta 27 de octubre de 2009, con destitución e inhabilidad general por 11 años.

Jaime Eduardo Botero Gómez, gerente del convenio 195073 ó 150 de 2005 vinculado al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo de mediante contratos de prestación de servicios, a partir del 29 de diciembre de 2006, según los plazos establecidos en los contratos celebrados con Fonade, en su calidad de miembro del comité operativo por parte de Fonade, desde el 13 de febrero hasta 27 de octubre de 2009, con multa equivalente a 20 salarios mínimos legales vigentes para la vigencia fiscal 2007 e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 11 años.

Luis Fernando Cataño Ruiz, servidor del Ministerio del Interior y Justicia apoyando a la Dirección de Infraestructura en su condición de supervisor del convenio 195073 ó 150 de 2005 para el periodo comprendido entre el 28 de septiembre de 2007 y el 31 de enero de 2010, destitución e inhabilidad general por 11 años.