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Cuatro funcionarios públicos, cuyos nombres no fueron revelados por las autoridades, se dedicaban desde hace más de tres años a “reducir deudas tributarias de ciudadanos que les pagaron por ello, borrar registros de contribuyentes, expedir documentos falsos e, incluso, intentaron robar las bases de datos del Distrito”, aseguró la alcaldesa de la capital.
Se trata de dos empleados del sector Hacienda, uno de Catastro y otro del Servicio Civil. Todos integraban la red que quería hacerse a los recursos tributarios de la ciudad y el martes fueron cobijados con orden de captura. Según Zambrano, este desfalco generó una pérdida en las arcas de la capital de $1.700 millones en lo corrido del año y de alrededor de $7.000 millones durante los últimos tres años.
De poco les servía a los ciudadanos la ayuda fraudulenta de estos intermediarios: aunque los integrantes de la red les solicitaban dinero a cambio de manipular las bases de datos para eliminar o reducir sus obligaciones, cuando la Administración de Impuestos de Hacienda y Catastro realizaban el cruce de datos, identificaban las inconsistencias y generaban nuevas facturas de pago a los contribuyentes que se querían pasar de listos, con el valor inicial que deberían haber cancelado.
Las quejas presentadas por los ciudadanos afectados permitieron que la administración local realizara la investigación junto con el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y así desmantelar a la red.
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