Indignación colectiva

Y de este pequeño acto judicial se desprende todo: la agitación de las redes sociales, los especiales noticiosos de media hora y la confusión harto irritante de creer que, por esta medida, ya lo han declarado inocente, con la petición de que investiguen a la jueza. Nos declaramos indignados, también, pero por todo lo contrario: ¿qué es este escándalo tan acalorado porque una jueza, en un caso altamente mediatizado y sensible, haya optado por aplicar la regla y no la excepción de la figura de la detención preventiva? ¿Se pretende lincharla públicamente por hacer su trabajo, que corresponde a lo que el derecho manda?

Es claro que todos queremos justicia en este caso. Dos valiosas personas en pleno desarrollo profesional y con toda una vida promisoria por delante han perdido la vida por la irresponsabilidad de este muchacho. La indignación de los familiares de las víctimas es apenas entendible. Tienen todo el derecho.

Pero, ya metiéndonos en el debate judicial, hay que dejar claro algo antes: Salamanca no fue declarado inocente por la jueza. Su proceso seguirá las instancias como cualquier otro, sólo que en este caso particular él no estará en prisión mientras se surten las etapas. Es todo. De esto no puede desprenderse que la justicia no está actuando: al contrario, la justicia actuó al decir que lo dejaba en libertad mientras todo esto pasaba.

Y en medio de la gritería, nadie se pregunta qué es la detención preventiva. Una figura excepcional (por ser la más lesiva contra la libertad) que debe aplicarse en tres casos específicos: que el procesado sea un peligro para la sociedad, que pueda alterar las pruebas del proceso o que tenga la posibilidad de irse del país. ¿Creen los lectores que el joven Salamanca cuadra en una de estas tres causales? ¿En cuál de ellas? ¿Es realmente un peligro para la sociedad colombiana?

Sin embargo, lo que se quiere es cárcel. Para todo y para todos. “Que se pudran en la cárcel”, como se dice popularmente. Y el acto de Salamanca, por supuesto, está rodeado de este aire revanchista y de penas altas al que nos acostumbraron jueces y legisladores. Ahí salió ayer, en este ambiente encendido, el presidente Santos a proponer penas mayores, por ejemplo.

De ser encontrado culpable, que es lo más probable, Salamanca debe pagar por lo que hizo. Que, habiendo cometido el delito, tenga la condena que se merece por haber sido un irresponsable que se subió a manejar un carro borracho y con ese acto mató a dos jóvenes. Pero, por ahora, lo que hay aquí es puro ruido.

A la indignación se suma, claro, el hecho (muy diciente) de que el joven venga de una familia pudiente y estudie en una universidad de élite. El día de ayer lo dijimos en este diario: otros conductores borrachos no corrieron con la misma suerte en esta etapa procesal. Está el caso de Jonathan Cabrera, quien atropelló a otro joven el pasado 20 de julio y cuya detención se ordenó. No se necesita ser muy suspicaz para pensar que la justicia, como se dice, es “para los de ruana”. ¿Por qué en casos similares no se ha aplicado el mismo rasero? ¿Será por una cuestión de “ciudadanos diferentes” o será por una cultura judicial de aplicar siempre la detención preventiva, que en este caso no se dio? Esa duda queda también. El debate está abierto. Y más que para la ciudadanía, para los jueces y fiscales.