¿Por qué se niegan a irse?

En términos técnicos, Emelina vive en una “zona de alto riesgo no mitigable”. Es decir, que no hay nada que el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias (Fopae) pueda hacer para evitar que un invierno caprichoso produzca un deslizamiento que se lleve su casa y las de algunos vecinos.

En momentos en que proliferan los titulares dramáticos en el país, por cuenta de la ola invernal —empezando por el alud que en Manizales sepultó varias viviendas, dejando 47 muertos y 20 heridos—, en Bogotá 1.067 familias —al menos 5.000 personas, tomando como base un núcleo familiar de cinco hijos— se niegan a salir de sus viviendas, pese a las múltiples advertencias de los organismos distritales.

De éstas, 700 familias deben ser desalojadas definitivamente y entrar al programa de la Caja de Vivienda Popular (CVP); las demás deben ser reubicadas temporalmente, mientras se realizan obras de mitigación.

Pero tras meses de lluvias, las familias permanecen en riesgo. Algunas personas, como Emelina, aseguran que no se irán mientras no les entreguen su nueva vivienda (la CVP tiene programado su traslado a un complejo residencial en Usme, para el mes de marzo). En teoría, una vez emitida la orden de evacuación, el Fopae le pagaría un mes de arriendo en otra vivienda y luego la CVP asumiría el arriendo por un máximo de 12 meses. Sin embargo, Emelina se resiste: “No me ‘dita’ —dice—, no me ‘dita’ pagar arriendo, eso la casera molesta mucho por el ruido, yo prefiero quedarme en mi casa”.

A pocas cuadras, sobre el mismo filo de la montaña, la familia Castillo, con cinco hijos, también se resiste a salir. Ni siquiera quieren entregar papeles e ingresar al programa de la CVP, pues consideran que el precio base que pagan por vivienda ($26’780.000) está por debajo del precio de su casa. De nada valen las explicaciones de Mauricio Pedraza, funcionario de la CVP, quien les asegura a los Castillo que una vez ingresado al programa, la lonja de finca raíz hará el avalúo de la casa y, de ser mayor el precio, la CVP pagará la diferencia.

Pero muchos bogotanos en riesgo aún no entienden la mecánica del programa de reasentamiento, que en los últimos años ha reubicado 10.000 personas. Mientras algunos desconfían del Distrito, otros aseguran que sólo los quieren sacar “para construir casas para ricos o el metrocable”.

Entre tanto, quienes están a cargo de esta tarea se encuentran visiblemente preocupados. “No podemos permitirnos que suceda una tragedia como en Manizales. Acá tenemos plenamente identificadas las zonas de riesgo, contamos con los recursos del Fopae para la vivienda transitoria y tenemos los fondos para la compra de vivienda”, asegura Rosa Dory Chaparro, directora de la Caja de Vivienda Popular.

En los barrios de riesgo, Fernando Gómez, funcionario del programa, tiene su propia hipótesis sobre lo que está pasando: “La gente ha perdido la sensibilidad y el instinto de conservación de la vida”.