Las ruedas sueltas de la paz

El pasado 11 de junio empezó en La Habana la discusión del segundo punto de la agenda pactada entre el Gobierno y las Farc: la participación política. Desde ese mismo día, con la protesta social en la zona del Catatumbo (Norte de Santander), se inició también una crisis que no concluye y que, por el contrario, ha desbordado en otras confrontaciones. A estas alturas del debate ya resulta inocultable que en la proximidad del debate electoral todos juegan en el avispero político y que lo que hoy vive el país demuestra lo difícil que es llegar a la paz.

Las conversaciones se reanudarán el 28 de julio, pero está visto que no es un receso muerto. Sobre la convicción de que antes de que caiga el telón de 2013 debe estar listo el acuerdo final, el Gobierno y la guerrilla se la juegan por separado para afrontar los momentos cruciales de la negociación. El Ejecutivo en su empeño por posicionar la paz en el país, en un ambiente caldeado por las protestas, y la insurgencia en la compleja tarea de convencer a aquellos sectores que todavía son escépticos al proceso de paz que se adelanta en La Habana.

En ese contexto, hoy es más lo que se juega por fuera de la mesa de negociación que en ella misma. No se ha vuelto a hablar de constituyente, pero se da por descontado que alguna forma de consulta popular va a ser necesaria para refrendar el acuerdo final al que lleguen Gobierno y guerrilla. Sin embargo, hay factores que están pesando más de la cuenta, como qué hacer frente a los sectores que se oponen radicalmente a los diálogos, es decir, el expresidente Uribe y sus aliados, quienes definitivamente no creen en el proceso.

Por eso, en círculos cercanos a la mesa de negociación, ha surgido incluso la idea de invitar al expresidente a Cuba para debatir cara a cara con los voceros de las Farc sobre el espíritu de los acuerdos. No obstante, a pesar de que en política todo es posible, por ahora suena a utopía pensar que Uribe lo acepte. No lo hizo cuando todos los candidatos de 2002 lo hicieron en el Caguán y él se negó a hacerlo, lo cual da por descontado que lo suyo seguirá siendo oponerse a los diálogos de La Habana y de paso darle palo al gobierno Santos.

En este juego político el Gobierno ha demostrado que tiene otra carta más expedita: el apoyo internacional. Ya lo había dado el presidente de Uruguay, José Mujica, y se habían escuchado mensajes desde Estados Unidos, Chile y Europa. Esta semana fue la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien de paso por Bogotá dejó un mensaje con destinatario evidente: “Sólo los necios pueden oponerse a que se alcance un acuerdo de paz”. A pesar de las divergencias con la ONU en los últimos días, es manifiesto su apoyo a los diálogos.

Incluso, en esa plataforma de acompañamiento internacional para que la negociación en La Habana sea irreversible, también es claro que el encuentro que sostendrán mañana los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, en la zona de frontera, tendrá un momento para la paz de Colombia. Los analistas hablan de recomponer las relaciones, distantes de la visita de Enrique Capriles a la Casa de Nariño, pero difícil no creer que habrá tiempo para darle impulso a un proceso que interesa a ambos países.

Pero como las Farc no dan puntada sin varios dedales, también demuestran que saben cómo intervenir en el escenario internacional. Al menos así lo demostraron el pasado viernes, cuando dieron a conocer que tienen en su poder al soldado norteamericano Kevin Scott Sutay, “capturado en El Retorno (Guaviare)”, y que como gesto enmarcado en los diálogos de La Habana, están dispuestos a liberarlo a una comisión integrada por la exsenadora Piedad Córdoba, un miembro de la comunidad de Saint Egidio y la Cruz Roja Internacional.

Con toda seguridad que, como ocurrió a finales del año anterior cuando las Farc pretendieron reeditar su libreto de secuestros y liberaciones con personalidades a bordo, el gobierno Santos rechaza la pretensión de la guerrilla. Pero mientras la guerra subsista no van a faltar las provocaciones, ni los dilemas políticos, ni la violencia, ni las protestas sociales donde se habla de infiltración guerrillera, pero también se estigmatiza a algunos líderes, en hechos que no constituyen buenas evidencias cuando se negocia la participación política.

En ese tire y afloje de la guerra y la paz más allá de los diálogos de La Habana, este jueves 25 de julio tendrá lugar en la Corte Constitucional un verdadero pulso entre defensores y enemigos del proceso de paz. La cita es para discutir la constitucionalidad del Marco Jurídico para la Paz, creado para “desarrollar una estrategia integral y coherente de justicia transicional que permita una paz estable y duradera”, y constitucionalizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Será sin duda el escenario idóneo para que Colombia conozca las posiciones de sus principales dignatarios, no sólo en torno a esta reforma constitucional sino a los diálogos mismos. Ya se sabe que desde orillas distintas el procurador Alejandro Ordóñez y el fiscal Eduardo Montealegre personalmente o a través de sus delegados expondrán sus argumentos. Además, el presidente Santos ya anunció que acudirá a la Corte acompañado de su comisionado de paz, Sergio Jaramillo, para defender este instrumento jurídico para llegar al fin del conflicto.

El Espectador conoció la postura del alto Gobierno basada en que este marco por la paz es crucial para satisfacer el objetivo de acabar con un conflicto armado de 50 años. En tal sentido sostiene que la reforma garantiza concentrarse en la persecución penal de los máximos responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad e identificar las estructuras criminales que los orquestaron. En criterio del Gobierno, esa es la única forma de avanzar hacia la paz. Creer que hay que investigar todos los hechos es algo así como una quimera.

La idea es que ese marco por la paz asegure la terminación del conflicto, reconozca a las víctimas, racionalice el uso de la acción penal, se acompase con las obligaciones internacionales de derechos humanos que hoy tiene Colombia y garantice la mayor satisfacción de los derechos de quienes fueron afectados por la guerra. Del otro lado, hay quienes insisten en que se está cocinando un plato de impunidad y que no habrá justicia. En últimas, será la Corte Constitucional la que aporte la última palabra, pero el debate de este jueves será clave.

En síntesis, cuando se creía que el receso de las negociaciones en La Habana era tiempo de calma, ahora se sabe que las aguas siguen agitadas. Se dice que las Farc podrían ocupar cargos públicos, que buscar curules en el Congreso les interesa en las elecciones regionales de 2015, pero lo que sí está claro es que desde que se empezó a debatir sobre participación política, en las regiones todo se puso al rojo vivo. La pregunta de rigor es: ¿cómo se va a configurar un acuerdo que, por ejemplo, otorgue garantías de participación a las comunidades excluidas? Hay que esperar a noviembre.