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La Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos a seis miembros del Ejército Nacional por su responsabilidad en la muerte de dos civiles “ajenos al conflicto” en el marco de una operación contra la guerrilla en el municipio del municipio de Aquitania, Boyacá.
En la investigación disciplinaria se desvirtuó la existencia de un enfrentamiento armado como lo manifestaron los militares adscritos al Batallón de Artillería Tarquí, declarando así que la muerte de los ciudadanos «fue arbitraria», contraria a los deberes de protección a la vida que debe garantizar la Fuerza Pública.
Para el Ministerio Público los uniformados incurrieron en una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH) al realizar actos que culminaron con la muerte de dos civiles que no se encontraban participando directamente en las hostilidades propias del conflicto armado.
La sanción disciplinaria cobija al subteniente Didier Fernando Irira Bonilla, sargento viceprimero James Arenas, cabo primero José Fernando Pedraza Villa y los soldados profesionales José Alberto Romero Siempira, Mauricio Cárdenas González y Leonardo Fabio Hernández Gachogoque.
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