¿Espejismos de una prohibición?

Las cifras de la alcaldesa Clara López lo reiteran cada semana: desde que en las tiendas, licoreras, cigarrerías y billares no se puede vender licor a los bogotanos después de las 11 de la noche y antes de las 10 de la mañana —hace dos meses exactamente—, las riñas y los homicidios en la ciudad disminuyeron. El último informe de la Secretaría de Gobierno asegura que, en el último mes, los homicidios comunes bajaron un 26% con respecto al mismo período del año anterior y que también cayeron los accidentes de tránsito (48%) y las lesiones comunes (19%). Señala, además, que durante el primer semestre de este año, en el 31,4% de las víctimas de homicidio se encontró alicoramiento.

Pero más allá de los números, que hoy se han convertido en el mayor soporte de la medida, los 80 mil comerciantes de la ciudad cobijados por el decreto le piden a la alcaldesa Clara López que explique los parámetros de medición usados en este caso.

Y es que el tema de las cifras no acaba de convencerlos. Advierten que nunca han recibido todos los soportes de las mismas por parte de la Alcaldía. Además, resaltan que no se están teniendo en cuenta variables como el hecho de que la medida coincidió con el inicio del Mundial Sub-20 y la llegada de 3.500 uniformados adicionales, que eventualmente influyeron en la disminución.

Mariella Barragán, secretaria de Gobierno Distrital, asegura que los datos son cotejados por Medicina Legal, la Fiscalía y la Policía: “Nosotros trabajamos con cifras oficiales. Esto es un tema serio, pero sabemos que cualquier medida tiene seguidores y detractores”. Señala además que el Distrito viene trabajando en una mesa de concertación con los comerciantes, con el fin de disminuir el impacto en las ventas. Los impactos se medirán en septiembre, cuando la medida cumpla tres meses de puesta en marcha.

Para los representantes del gremio de comerciantes en Bogotá, que el alcohol en exceso pueda facilitar actos violentos no significa que una prohibición de este tipo resuelva el problema de la seguridad y, por el contrario, temen que los tenderos terminen estigmatizados con las riñas y homicidios. De acuerdo con la más reciente investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris, “Mercados de la criminalidad en Bogotá”, la ciudad no sólo padece el flagelo del narcomenudeo, con estructuras criminales definidas, sino que además tiene una focalización territorial de los crímenes. Por eso, como lo señala el investigador Ariel Ávila, coautor del estudio, se necesitarían medidas estructurales para que haya efectos reales en el tema de seguridad. De forma similar opina el también investigador Jerónimo Castillo Muñoz, de la Fundación Ideas para la Paz, para quien la restricción es más un acto político que una verdadera estrategia para mejorar las condiciones de seguridad.

Por otro lado, los comerciantes siguen preocupados por la permanencia indefinida de la medida que, según los cálculos de Bavaria, significa pérdidas por $120 mil millones al año, no sólo para los productores y vendedores de cerveza sino, además, para la ciudad y el Gobierno por cuenta de los impuestos que se dejan de percibir. La exsecretaria de Gobierno, Olga Lucía Velásquez, quien participó en la formación del decreto 263 de 2011, señala que, en una reunión en la que participaron los representantes de los comerciantes y la alcaldesa, Clara López, el 17 de junio, se acordó inicialmente que después de hacer una evaluación del impacto se levantaría la restricción en los lugares donde tradicionalmente no se habían presentado problemas de riñas.

Esta es la hora en que los comerciantes siguen esperando que se tome alguna decisión para contrarrestar las pérdidas que hoy, según Fenalco, tienen a 17 mil de ellos al borde de la quiebra. Hasta el momento 6.108 han recibido comparendos por infringir la norma y se han cerrado 587 locales.

Los mismos cabildantes del partido de la alcaldesa pidieron la semana pasada que la restricción sea desmontada. No están de acuerdo con que se restrinjan las libertades individuales, como ha sido la filosofía del partido desde sus inicios. Uno de ellos es el concejal Jaime Caicedo, quien asegura que los pequeños establecimientos no son la causa principal ni de la inseguridad ni de los homicidios. Lo dice basado en un estudio del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, el mismo que utilizó el Gobierno Distrital para implementar la medida y que dice que sólo el 11% estaría relacionado con el alcohol: “Desde el punto de vista de los homicidios en Bogotá, la incidencia de los billares apenas alcanza 2,5%, mientras que la de las tiendas es del 19%”.

El concejal Fernando Rojas, también del Polo Democrático, recordó que una medida similar asumida por el Gobierno Distrital en 2009, y que sirvió como base para el decreto vigente, terminó levantándose debido a que las riñas, en vez de bajar, pasaron de 10.334 en enero a 20.934 en julio.

Los comerciantes insisten en que se fortalezca la alianza público-privada que se ha mantenido en los últimos años, con el objetivo de capacitar a los comerciantes en temas de convivencia y seguridad. Continúa en el aire una pregunta que claramente no resuelven las cifras: ¿los problemas de consumo irresponsable, de inseguridad y de intolerancia se solucionan con la prohibición o se requerirán estrategias de pedagogía y autocontrol para los bogotanos?