El silencioso avance de la explotación sexual de menores

Pese a que las acciones que ha tomado el Distrito, en alianza con operadores turísticos extranjeros y el sector privado, han fortalecido la oferta de la capital como destino cultural y empresarial ajeno a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (Escnna), las redes dedicadas a este delito permanecen ocultas a las mediciones estadísticas, dispersas por la ciudad y operando especialmente a través de Internet y redes telefónicas.

Así lo indica la última investigación sobre Escnna, realizada por el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y la Fundación Renacer durante 2010. Sus resultados muestran que esta actividad no está considerada entre los atractivos turísticos de Bogotá ni se ofrece en agencias comerciales. Tampoco está focalizada en zonas específicas de la ciudad. Por ser clandestina e ilegal, no es fácil captar su magnitud en la capital, aunque en el país se calcula que hay cerca de 35 mil menores explotados sexualmente.

A partir de esta investigación, el Distrito inició un trabajo para prevenir, reintegrar y sancionar a los actores de la explotación sexual infantil. Recientemente el IDT, mediante un convenio con la empresa The Code, otorgó la certificación internacional de responsabilidad social empresarial en protección de los derechos de la infancia y la adolescencia a la Asociación Nacional de Equipajeros y a siete hoteles ubicados en lugares de alto flujo de turistas, como La Candelaria y Chapinero. Desde marzo, más de 220 empleados de estas entidades trabajaron en el diseño de una política ética y una ruta de denuncia, que los convierten en agentes protectores de la niñez.

Que el sector privado se involucre en la protección de la explotación sexual infantil es, según la directora del IDT, Nohora Isabel Vargas, un avance hacia el turismo sostenible, porque “trabajar por la protección de los niños, además de aportar a la construcción de una mejor sociedad, establece un diferenciador de mercado: los turistas privilegian y pagan más en lugares donde se cuidan los derechos de los menores.”

Además de los siete hoteles certificados, hay más de cinco mil prestadores de servicios turísticos que han sido nombrados anfitriones de ciudad y durante un proceso de capacitación estudiaron la Escnna, saben cómo prevenirla y advertir sobre su ilegalidad.

De la mano con el IDT, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) se encarga de la atención y restitución de derechos de las víctimas de este conflicto. Deidamia García, asesora de esta Secretaría en políticas públicas, asegura que durante 2011 se han invertido $5 mil millones en atención a esta población. Cerca de 300 menores en riesgo de explotación han sido atendidos en centros de las localidades de los Mártitres y Rafael Uribe Uribe. En total, 413 menores han recibido acompañamiento en el Distrito.

Aunque en la investigación de Renacer indicó que la Escnna no está focalizada, García afirmó que en el centro de la capital (en las localidades de Los Mártires, Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Santa Fe) y en zonas a donde llegan víctimas del desplazamiento forzado, es donde hay mayor riesgo y presencia de la explotación sexual infantil. Tanto en estas zonas como en el resto de la capital, 17 Centros Amar de la SDIS proporcionan atención durante 24 horas para garantizar los derechos de los menores.

Las autoridades, por su parte, adelantan investigaciones para dar con las cabezas de la explotación sexual y aplican la normatividad para sancionarla. Lo primero que han recibido los cerca de 45 mil turistas que han llegado a la capital con ocasión del Mundial de Fútbol Sub-20, por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), es un cuaderno donde se anuncia que mantener relaciones sexuales con menores de edad o inducirlos a la prostitución puede acarrear penas de hasta 32 años de cárcel. La Sijín y la Fiscalía adelantan investigaciones confidenciales sobre las organizaciones dedicadas a explotar menores sexualmente.

Aunque las denuncias de Escnna son insuficientes para cuantificar el fenómeno, las que ha recibido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) pasaron de 0 en 2007 a 65 en junio de 2010 (en el mismo período las denuncias de pornografía infantil pasaron de 2 a 3 y las de prostitución infantil de 16 a 37).

El Informe de Rendición Pública de Cuentas sobre la Garantía de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, presentado en 2010 por la Alcaldía Mayor, anuncia que hay factores de aceptación social que restringen la denuncia de la Escnna, la fortalecen como forma de lucro y “promueven la conformación de redes informales (integradas por taxistas, guías turísticos, meseros, etc.) que se lucran de la prestación de servicios sexuales por parte de niños”.

Aun en pleno centro histórico de la capital, en La Candelaria, aparecen avisos en las paredes que ofrecen sueldos de hasta $2 millones para jóvenes acompañantes de turistas extranjeros, tal como lo publicó El Espectador el pasado 11 de agosto.

Pero que el Distrito capacite y certifique operadores turísticos significa que les está quitando actores a las redes de explotación. “Seguiremos el ejemplo de Cartagena, donde hay 45 empresas certificadas, vincularemos más al sector privado y a otras secretarías para mitigar este fenómeno”, afirmó la directora del IDT.