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Existen 42 municipios del país en donde crecer con educación y alimentación es una hazaña. Esta es una de las conclusiones del informeVigilancia preventiva a la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas del conflicto armado, elaborado por la Procuraduría General de la Nación y Unicef. Municipios como Belén De Umbría, Puerto Leguízamo, Tumaco, Santa Cruz, Vista Hermosa, San Calixto, Barbacoas y El Charco fueron catalogados como “zonas críticas” por las autoridades.
Aunque 42 municipios están en el ojo del huracán por los bajos resultados en primera infancia, el informe señala que el problema se extiende a 230, es decir, al 20% de los municipios del país. Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para la defensa de los derechos de infancia, adolescencia y familia, presentó el estudio ante 172 alcaldes que se reunieron en Palmira (Valle del Cauca) en la mañana de este lunes. Autoridades municipales y delegados de la Unicef discutieron los resultados durante el segundo “Encuentro de alcaldes y alcaldesas por la Infancia: Hechos y Derechos”.
La Procuraduría reseñó que las ciudades que tienen mejores políticas para la primera infancia: Villavicencio, Pereira, Leticia, Bucaramanga, Popayán y Florencia. De la misma manera, presentó “las 33 entidades territoriales más rezagadas”. Dentro de éstas, se encuentra Santa Bárbara (Nariño); Lloró (Chocó); Guavatá (Santander); Sevilla (Valle del Cauca); Támesis (Antioquia) y El Cerrito (Valle del Cauca). Fernando David Murgueitio, alcalde del municipio de Yumbo (Valle), le dijo a El Espectador que “la solución para que mejoren las condiciones de la niñez es que se acabe el conflicto armado. En Yumbo, el 60% del territorio es invasión por población desplazada. De ahí se desprende el micro tráfico y la violencia. En ese punto las políticas y los programas no alcanzan”.
Jorge Rojas, secretario de integración social de Bogotá, estuvo en desacuerdo con la forma en que la procuradora presentó el informe: “Lamentamos que en el informe se diluya la presencia de Bogotá, que es la que jalona buena parte de los resultados del gobierno nacional en la atención a la niñez. Hemos logrado duplicar la atención de cero a tres años. Pasamos de 49 mil a 118 mil niños y niñas”.
Roberto de Bernardi, Representante de UNICEF en Colombia, dijo que, más allá de buscar un conflicto entre entidades, el evento le apunta a “la formulación de estrategias para la primera infancia. El producto final de las mesas de trabajo consiste en la identificación de problemas comunes y la formulación de soluciones que puedan ser ejecutadas en el futuro”.
Olga Isabel Isaza, especialista de políticas públicas de la Unicef, considera que aún hace falta trabajar en las políticas de los niños y niñas: “Existen varios problemas por superar: por ejemplo, no sabemos cuántos recursos están invirtiendo los departamentos para los niños en el país. Se sabe cuánto se invierte en educación y salud, pero no cuanto de eso llega a los niños. No es fácil hacer seguimiento al gasto público y social. Colombia ha mejorado en los últimos años, pero no lo estamos haciendo al ritmo que quisiéramos”.
El vicepresidente Angelino Garzón fue enfático en que “la guerrilla debe dejar de reclutar menores de edad. De lo contrario, hacer la paz no es posible. Es una vergüenza que los niños sigan siendo reclutados o que sigan trabajando. Propongo que hagamos una propuesta de política pública con los municipios para que ninguno se quede sin educación. Además, no es posible avanzar en una política para niños y niñas si continua la corrupción y la violencia”.
En relación al reclutamiento forzado, la Procuraduría dijo que es necesario realizar intervenciones en San Vicente del Caguán, La montañita, Cartagena del Chairá, Cumaribo y Vista Hermosa. Detrás se encuentran seis municipios de Putumayo, entre ellos Puerto Asís y Puerto Guzmán, y nueve de Risaralda, departamento en el que los más críticos son Pueblo Rico y Santuario.