Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Con base en el estudio del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, el cual sirvió de base para que el gobierno distrital implantara la restricción de venta de licor en supermercados, tiendas y billares, el concejal Jaime Caicedo Turriago demostró que los pequeños establecimientos no son la causa principal ni de la inseguridad ni de los homicidios en la ciudad. El cabildante dice que la medida ha afectado los ingresos de miles de familias.
Caicedo mencionó otro dato revelador del estudio: el alcohol escasamente es generador del 11% de la inseguridad en Bogotá. Por su parte, el crimen organizado provoca el 42%, el tráfico de drogas el 16% y la ineficacia de los organismos de seguridad del estado el 18%. “Todo esto demuestra que el acento debido para el control de la inseguridad debe atacar otras causas más importantes. El consumo de alcohol debe controlarse mediante estrategias de pedagogía y autocontrol”, indicó.
Caicedo argumentó que el gobierno distrital se basó en una experiencia ocurrida en 2009, cuando se tomó una medida similar que según la administración distrital “dio buenos resultados”. “La verdad de dicha experiencia terminó suspendiéndose siete meses después debido a que las riñas aumentaron mes a mes después de implantada la restricción. De 10.334 casos ocurridos en enero, pasamos a 20.934 en julio. Nuevamente la experiencia nos dice que esta no es la solución”.
“Los informes de entidades como Fenalco hablan que en la ciudad el 63% de las tiendas están ubicadas en el sur de Bogotá y que el 80% de las mismas están localizadas en Kennedy, Engativá, Suba, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Fontibón Rafael Uribe y Tunjuelito. Puede inferirse que la afectación económica de la medida recae en los sectores más pobres de la ciudad. A ello sumemos que cerca de dos millones de personas derivan su sustento de las ventas en tiendas y billares y que cada uno de estos negocios sostiene en promedio a cuatro personas, según el estudio de Fenalco”, expresó Caicedo Turriago.
Añadió que debe considerarse un elemento adicional: “la caída en la capacidad de compra de las personas, producto de la crisis económica no sólo condujo a que los hogares volvieran a la tienda de barrio, sino a que más ciudadanos se embarcaran en este tipo de negocio como fuente de trabajo. Ya son incontables los despidos de trabajadores en estos negocios debido a la merma de los ingresos. Por lo tanto, la situación social generada por la medida puede calificarse de dramática para un número muy significativo de bogotanos”.
Caicedo propuso que la medida se levante tomando en consideración los siguientes aspectos:
Desarrollar estrategias de autorregulación y compromiso de los tenderos y dueños de billar para controlar el consumo excesivo de licor, la venta a menores de edad, el consumo y venta de licor en aceras y espacios públicos aledaños a los negocios e incentivar la corresponsabilidad de los consumidores.
Estricto control por parte de la policía y de las alcaldías locales al consumo y expendio de bebidas alcohólicas en espacios públicos.
Impulsar medidas de orden económico y social para disminuir la violencia común y la inseguridad, especialmente orientadas a los jóvenes que son víctimas y victimarios.
Implementar estrategias para combatir las bandas paramilitares y el crimen organizado.
Conoce más