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Luego de las denuncias realizadas por el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con respecto a que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ha permitido que cerca de $40 mil millones, que han pagado los bogotanos en sus facturas de aseo, han sido destinados para pagar altos sueldos a asesores jurídicos externos y para arrendar oficinas; la Uaesp rechazó las afirmaciones y dijo que jamás ha habido una falla en la destinación de los mismos.
“Lo primero que hay que decir es que la destinación de esos recursos está claramente expresada por Resoluciones de Ley. De ahí que la Uaesp siempre ha utilizado esos recursos conforme a dicha normatividad y siempre en el marco de la planeación y la prestación de los servicios de aseo de la ciudad”, señaló la Unidad de Servicios Públicos.
Galán explicó que el dinero que pagan los bogotanos por el servicio de aseo entra a una fiducia, que en este caso es Fiduciaria Bancolombia S.A, de ahí se destinan para atender los pagos a favor de los concesionarios de aseo de la ciudad por los servicios que prestan. Los recursos restantes después de remunerar a los concesionarios hacen parte de lo que se conoce como Bolsa General del Esquema. Esa bolsa de dinero por tratarse de recursos públicos obtenidos del pago de tarifas, tiene destinación específica y esta se resume en “el pago de servicios de aseo tendientes a garantizar su prestación adecuada”.
La denuncia del candidato a la Alcaldía se basa en que esa bolsa solo se puede usar para pagar lo relacionado con la prestación integral del servicio o sea el relleno sanitario, los lixiviados, la poda de árboles, etc, pero no para cubrir los gastos de funcionamiento de la Uaesp.
“O sea que la plata que ustedes y yo pagamos para el aseo no debe usarse para el pago de asesorías jurídicas, ni para arrendar oficinas, porque esos gastos deben salir del presupuesto distrital y no del bolsillo de los ciudadanos. Así lo estipula la Resolución 235 de 2002 de la CRA, obliga a “eliminar la transferencia de recurso provenientes de las tarifas a la Uaesp”, puntualizó Galán.
Frente al tema, la Uaesp señala que “jamás se ha hablado de una falla en la destinación de los recursos” y dice que por el contrario, “las indagaciones permanentes de los órganos de control siempre han dado como resultado un coherente, legal y trasparente uso de dichos recursos”.
Galán dice que la Uaesp ha firmado a febrero de 2011, más de 70 contratos por prestación de servicios de asesorías jurídica y arrendamiento de edificios. “Estos contratos se acercan a los 40 mil millones de pesos, dinero que debió ser redistribuido entre los usuarios del servicio por medio de la tarifa”.
Al respecto, la Uaesp indicó que “el contrato de asesoría al abogado Álvaro Dávila se firmó y se llevó a cabo durante la administración anterior y fue terminado de mutuo acuerdo con la llegada en su momento a la dirección de la Uaesp de Miriam Margoth Martínez por razones no de ilegalidad, sino de inconvenienci”.
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