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Casi un año después de haberse adjudicado la construcción de una troncal ligera de Transmilenio por la carrera 7ª, un negocio de $83 mil millones, sigue sin haber humo blanco frente al futuro del megaproyecto. Por un lado se reúnen la alcaldesa Clara López y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y por otro los contratistas y representantes del IDU. En ambos casos es para tratar de encontrar solución técnica y jurídica a los inconvenientes que enfrentan las obras. Por ahora no han tenido éxito y los encuentros continuaron ayer.
La construcción de Transmilenio por la 7ª no puede arrancar mientras no estén listos los trabajos de mitigación de riesgo por deslizamiento en la avenida Circunvalar, que será usada para los desvíos. El problema es que esa obra costaría unos $40 mil millones y no estaría completa sino dentro de 20 meses, según confirmó el IDU. Para el contratista, eso significaría nada más y nada menos que más tiempo de incertidumbre.
Representantes de la firma (la Sociedad Futura Transmilenio Carrera Séptima) desmintieron los rumores según los cuales ellos estarían pensando en demandar al Distrito por perjuicios económicos.
Mientras tanto, la Contraloría General le informó al IDU (en un documento de auditoría a la Fase III de Transmilenio) el presunto detrimento patrimonial causado por el proyecto de la 7ª, que sería de casi $8 mil millones, debido a que no se tuvieron en cuenta unos estudios —contratados por el entonces alcalde ‘Lucho’ Garzón— que costaron $10 mil millones y contemplaban una troncal completa por la emblemática vía.
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