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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia envió una alerta a todas las autoridades sobre el aumento del tráfico de drogas por parte de las llamadas bandas criminales en el departamento del Putumayo.
El alto tribunal solicitó al director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño y al comandante del Ejército, general Sergio Mantilla que se adelanten las acciones pertinentes para combatir las acciones de las organizaciones delincuenciales.
"La Corte quiere dejar por sentado un mensaje de preocupación judicial por el contenido de una fracción de la declaración de Vásquez Delgado y del informe de una investigación del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía relacionado con la vigencia y actualidad delincuencial organizada en del departamento del Putumayo dedicada al narcotráfico", indica uno de los apartes de la decisión.
Esta determinación la tomó el alto tribunal luego de que un testigo y un informe del CTI de la Fiscalía manifestaran que en esa zona del país existía una franquicia criminal "conocida como las BACRIM de los ‘Rastrojos'" quienes realizan actividades ilícitas relacionados con el narcotrafico.
Se indica además que en su versión el testigo indicó que luego de la desmovilización del frente Sur, las bandas armadas organizadas controlan la dinámica social en el Putumayo y se disputan el manejo del negocio del narcotráfico, concretamente de la denominada “economía de la coca”.
“Se conoce que las BACRIM de los ‘Rastrojos’, en el departamento del Putumayo, nace como consecuencia de la disolución de los grupos de paramilitarismo que hacían presencia en dicha región hasta el año 2005, aquí hablamos de Franquicia Criminal; se habla de franquicia criminal en el evento en que los narcotraficantes de ese entonces mantenían control de la cadena productiva de los estupefacientes en esas áreas, venden las franquicias a los Rastrojos para dar continuidad a sus actividades ilícitas en condiciones similares a las que mantenían con el asocio de los grupos paramilitares”, precisaba el documento presentado por el CTI.
Esta decisión se conoció en archivo de la investigación penal que se adelantaba contra el representante a la Cámara, Guillermo Abel Rivera Flórez por parapolítica.