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Al considerar que no existía mérito alguno, la Procuraduría General archivó la investigación preliminar que se adelantaba en contra del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, por supuestamente presentar una inhabilidad para ejercer el cargo.
La acción disciplinaria inició a partir de queja presentada por la Red de Veedurías Ciudadanas según la cual Fajardo se encontraba inhabilitado al momento de su elección porque fue socio y miembro de la junta directiva de la Fundación Carulla, entidad que suscribió contrato con la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con el municipio de Medellín.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa concluyó que no existe prueba alguna de que el mandatario departamental hubiera realizado diligencias para el logro de la suscripción de los actos contractuales mencionados ni que hubiera tomado la vocería de los mismos para obtener un rédito en pro de su campaña.
Así mismo, consideró que no intervino en la gestión de negocios ni en la celebración de contratos suscritos por la Fundación Carulla con el municipio de Medellín y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dentro del año anterior a su elección.